Estudio de Promsex
señala que trata de personas se agudiza con la minería ilegal
Puerto Maldonado - Madre de Dios 22 septiembre 2013
En la región Madre de Dios,
específicamente en la zona denominada La Pampa , los adolescentes de 14 a 17 años son explotados
laboral y sexualmente en contextos precarios de sobrevivencia y sin acceso a la
salud.
Esta situación de trata de personas,
ligada a la minería ilegal, es denunciada por el Centro de Promoción y Defensa
de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que registró, en el trabajo
de campo, casos de adolescentes varones en condiciones de trabajo riesgoso y
bajo el sometimiento por deuda y explotación constante.
Estos jóvenes realizan labores de 24
horas continuas, con un descanso relativo de otras 24. Ellos trabajan en la
minería ilegal y la mayor parte del tiempo tienen la mitad del cuerpo sumergida
en el agua, manipulan las mangueras de alta presión y mezclan agua con
mercurio. Y, además de la contaminación por mercurio, están expuestos a
enfermedades como la malaria, dengue, uta, tétano, pulmonía, neumonía,
infecciones estomacales, etc.
La investigación, en el caso de
explotación sexual, señala que adolescentes mujeres ofrecen servicios sexuales
en la línea de 25 km
de carretera paralela al río Tambopata, donde hay decenas de puestos de comida,
venta de enseres para la minería, gasolineras y bares.
Promsex informa que los precios de los
alimentos y los servicios sexuales en la zona son altos respecto al resto del
país, lo que genera un negocio lucrativo. Así, una familia puede tener una
draga de extracción de oro, una casa de cambio de dólares, y también un puesto
de comida y prostitución.
En esta área de Madre de Dios, el
Estado es débil y casi inexistente al momento de brindar seguridad y servicios
de salud. La población es atendida por establecimientos fijos de salud y
Equipos de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas
(AISPED).
Finalmente, el estudio indica que los
mineros no formales y su red organizada de seguridad impiden o hace muy
riesgoso el ingreso de funcionarios estatales a las zonas en que estos operan.
Antes que la presencia policial o fiscal, los operadores de salud sí son aceptados
y podrían convertirse en la última opción de ayuda para muchas víctimas de
violencia y trata de personas en La
Pampa.
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