Todas las ayudas que concede la Junta de Andalucía tendrán
en cuenta el patrimonio del solicitante, y no solo la renta, para evitar el
llamado «fraude social». Es decir, para que no accedan a estos beneficios
personas que tienen bienes pero que sus ingresos sometidos a IRPF son bajos, de
modo que haya recursos suficientes para quienes de verdad lo necesitan. El
anteproyecto de Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas
contra el Fraude Fiscal se remitirá al Parlamento en seis meses y tras su
aprobación se dará un año de plazo a las diferentes consejerías para que
adapten su normativa. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró
durante su presentación que estará en vigor en esta legislatura.
La normativa,
que ya fue prometida por el presidente Griñán en 2012 y que anunció en mayo la
entonces consejera de Presidencia, Susana Díaz, afecta a becas, bonificaciones
de precios, exenciones de tasas, comedor escolar, plazas en escuelas
infantiles, ayudas al alquiler, vivienda social, aulas matinales, partos
múltiples y un gran número de prestaciones.
Sanciones
Quienes
cometan infracción serán sancionados con multas que irán entre los 75 y los
6.000 euros, devolución de las cantidades cobradas y medidas adicionales, como
la imposibilidad de concurrir a nuevas subvenciones. Incluso se puede perder la
condición de beneficiario. La medida, que está incluida en el acuerdo de
Gobierno con IU, no tiene finalidad recaudatoria, pero sí supondrá una mejor
distribución de los recursos, dijo Montero. También ayudará a detectar la
ocultación de rentas y evasión de impuestos. La consejera alegó también que el
acceso a los datos de los solicitantes, que ha sido posible por la firma de un
convenio con la
Agencia Tributaria , en el que la anterior consejera, Carmen
Martínez Aguayo, incluyó este extremo, no vulnera la protección de la
privacidad. El anteproyecto comenzará ahora a negociarse con los diversos
sectores afectados, como por ejemplo notarios y registradores, afirmó la
consejera.
La segunda
parte del anteproyecto recoge una batería de modificaciones para luchar contra
el fraude en los impuestos transferidos, en especial Sucesiones y Donaciones,
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Contra el dinero negro
Además de los
nuevos controles para evitar pagar menos por estos conceptos, la norma excluye
el pago en metálico de transmisiones, adquisiciones o donaciones, para poder
acceder a beneficios fiscales como modo de luchar contra el dinero negro.
El
anteproyecto contempla controlar, entre otros, los saldos bancarios de personas
fallecidas, para que tributen por sucesiones de acuerdo con la cantidad
existente en el momento de la muerte y, con este fin, se pedirá que los bancos
acrediten los movimientos habidos en la cuenta durante el último año y los
titulares de la misma. Se extremará el control de donaciones de padres a hijos,
tanto para la compra de vivienda habitual como para constituir empresas para
evitar que se eluda el pago del impuesto correspondiente y que se falsee el
precio de venta de los inmuebles objeto de transacción.
Montero hizo
balance del plan contra el fraude puesto en marcha hace un año y dijo que se
consiguieron unos ingresos extra de entre 200 y 220 millones. Con estas nuevas
medidas espera aumentar unos 50 millones más, que se recogerán en el próximo
Presupuesto. El plan supuso un aumento del 90% de las inspecciones y 63.139
sanciones, una media de 5.740 al mes.
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