miércoles, 25 de septiembre de 2013

EL PATRIMONIO, Y NO SÓLO LA RENTA, CONTARÁ PARA LAS AYUDAS PÚBLICAS

Todas las ayudas que concede la Junta de Andalucía tendrán en cuenta el patrimonio del solicitante, y no solo la renta, para evitar el llamado «fraude social». Es decir, para que no accedan a estos beneficios personas que tienen bienes pero que sus ingresos sometidos a IRPF son bajos, de modo que haya recursos suficientes para quienes de verdad lo necesitan. El anteproyecto de Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal se remitirá al Parlamento en seis meses y tras su aprobación se dará un año de plazo a las diferentes consejerías para que adapten su normativa. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró durante su presentación que estará en vigor en esta legislatura.

La normativa, que ya fue prometida por el presidente Griñán en 2012 y que anunció en mayo la entonces consejera de Presidencia, Susana Díaz, afecta a becas, bonificaciones de precios, exenciones de tasas, comedor escolar, plazas en escuelas infantiles, ayudas al alquiler, vivienda social, aulas matinales, partos múltiples y un gran número de prestaciones.
Sanciones
Quienes cometan infracción serán sancionados con multas que irán entre los 75 y los 6.000 euros, devolución de las cantidades cobradas y medidas adicionales, como la imposibilidad de concurrir a nuevas subvenciones. Incluso se puede perder la condición de beneficiario. La medida, que está incluida en el acuerdo de Gobierno con IU, no tiene finalidad recaudatoria, pero sí supondrá una mejor distribución de los recursos, dijo Montero. También ayudará a detectar la ocultación de rentas y evasión de impuestos. La consejera alegó también que el acceso a los datos de los solicitantes, que ha sido posible por la firma de un convenio con la Agencia Tributaria, en el que la anterior consejera, Carmen Martínez Aguayo, incluyó este extremo, no vulnera la protección de la privacidad. El anteproyecto comenzará ahora a negociarse con los diversos sectores afectados, como por ejemplo notarios y registradores, afirmó la consejera.
La segunda parte del anteproyecto recoge una batería de modificaciones para luchar contra el fraude en los impuestos transferidos, en especial Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Contra el dinero negro
Además de los nuevos controles para evitar pagar menos por estos conceptos, la norma excluye el pago en metálico de transmisiones, adquisiciones o donaciones, para poder acceder a beneficios fiscales como modo de luchar contra el dinero negro.
El anteproyecto contempla controlar, entre otros, los saldos bancarios de personas fallecidas, para que tributen por sucesiones de acuerdo con la cantidad existente en el momento de la muerte y, con este fin, se pedirá que los bancos acrediten los movimientos habidos en la cuenta durante el último año y los titulares de la misma. Se extremará el control de donaciones de padres a hijos, tanto para la compra de vivienda habitual como para constituir empresas para evitar que se eluda el pago del impuesto correspondiente y que se falsee el precio de venta de los inmuebles objeto de transacción.
Montero hizo balance del plan contra el fraude puesto en marcha hace un año y dijo que se consiguieron unos ingresos extra de entre 200 y 220 millones. Con estas nuevas medidas espera aumentar unos 50 millones más, que se recogerán en el próximo Presupuesto. El plan supuso un aumento del 90% de las inspecciones y 63.139 sanciones, una media de 5.740 al mes.

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