POR J. M. G. / LUCENA
Una anciana fallece al caer por las escaleras de
un inmueble que lleva cinco años esperando a que la Junta les autorizase a poner
un elevador, cuya obra se pagó en 2009
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Asunción L. B. tenía 77 años de edad y
como otros vecinos del número 11 de la calle General Chávarri tenía problemas
de movilidad, debido a su avanzada edad. El pasado sábado, la anciana intentaba
subir hasta la segunda planta, en la que residía, cayendo en el primer tramo de
las escaleras. Tras ser atendida por los servicios de urgencia sanitaria, y
dada la gravedad de su estado, se decidió trasladarla al Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba en un helicóptero del servicio de emergencias. El domingo
fallecía en el centro sanitario cordobés.
Hasta aquí podría hablarse de un
accidente doméstico. Pero los vecinos de Asunción creen que esta muerte podría
haberse evitado y responsabilizan a la
Junta de Andalucía de la misma. Hace más de seis años que los
residentes del inmueble solicitaron una subvención al amparo del programa de
rehabilitación singular de edificios.
La ayuda fue concedida en 2009 y, pese
a depositar en una cuenta bancaria de la Junta el 25 por ciento del presupuesto y pagar la
licencia de obras, la
Administración autonómica nunca autorizó el inicio de la
actuación, por lo que el elevador nunca pudo ser ser instalado.
Según Juan Gámez, presidente de la
comunidad de vecinos, de las nueve familias que residen en el edificio, hasta
siete tienen edades por encima de los sesenta años.
Numerosas caídas
No es la primera vez que ocurre un
incidente de este tipo. Según Gámez, muchos de los inquilinos de este inmueble
han sufrido caídas en estos últimos años, sin que la Junta haya atendido sus
obligaciones de autorizar la intervención aprobada mediante resolución de la
propia Administración, concedida precisamente en atención a la elevada edad de
los inquilinos de las viviendas.
La indignación de los vecinos es
patente. Consideran que esta muerte no se habría producido de haber contado con
el ascensor prometido, que también habría facilitado el normal desenvolvimiento
del resto de residentes. Creen que la Administración es responsable subsidiaria de este
siniestro y estudiarán emprender acciones contra la Junta.
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