martes, 17 de septiembre de 2013

LUCENA (CÓRDOBA).- MUERTE A LA ESPERA DEL ASCENSOR

POR J. M. G. / LUCENA

Una anciana fallece al caer por las escaleras de un inmueble que lleva cinco años esperando a que la Junta les autorizase a poner un elevador, cuya obra se pagó en 2009

Asunción L. B. tenía 77 años de edad y como otros vecinos del número 11 de la calle General Chávarri tenía problemas de movilidad, debido a su avanzada edad. El pasado sábado, la anciana intentaba subir hasta la segunda planta, en la que residía, cayendo en el primer tramo de las escaleras. Tras ser atendida por los servicios de urgencia sanitaria, y dada la gravedad de su estado, se decidió trasladarla al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba en un helicóptero del servicio de emergencias. El domingo fallecía en el centro sanitario cordobés.
Hasta aquí podría hablarse de un accidente doméstico. Pero los vecinos de Asunción creen que esta muerte podría haberse evitado y responsabilizan a la Junta de Andalucía de la misma. Hace más de seis años que los residentes del inmueble solicitaron una subvención al amparo del programa de rehabilitación singular de edificios.
La ayuda fue concedida en 2009 y, pese a depositar en una cuenta bancaria de la Junta el 25 por ciento del presupuesto y pagar la licencia de obras, la Administración autonómica nunca autorizó el inicio de la actuación, por lo que el elevador nunca pudo ser ser instalado.
Según Juan Gámez, presidente de la comunidad de vecinos, de las nueve familias que residen en el edificio, hasta siete tienen edades por encima de los sesenta años.

Numerosas caídas

No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo. Según Gámez, muchos de los inquilinos de este inmueble han sufrido caídas en estos últimos años, sin que la Junta haya atendido sus obligaciones de autorizar la intervención aprobada mediante resolución de la propia Administración, concedida precisamente en atención a la elevada edad de los inquilinos de las viviendas.
La indignación de los vecinos es patente. Consideran que esta muerte no se habría producido de haber contado con el ascensor prometido, que también habría facilitado el normal desenvolvimiento del resto de residentes. Creen que la Administración es responsable subsidiaria de este siniestro y estudiarán emprender acciones contra la Junta.


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