Valencia admite que no hay tiempo para
establecer los mecanismos de pago
Muchos advierten que la medida apenas
recaudará y penaliza a los crónicos
El PSOE ha pedido la comparecencia de
Ana Mato en el Congreso
Si la semana
pasada las asociaciones de pacientes, las sociedades de pacientes, Andalucía
(PSOE), Cataluña (CiU), País Vasco (PNV) y Castilla y León (esta última
gobernada por el PP) manifestaron su
oposición al nuevo copago de fármacos hospitalarios aprobado por
el Gobierno, este lunes la lista de comunidades contrarias a la medida no ha
dejado de crecer. Por su parte, el PSOE ya ha pedido la comparecencia de Ana
Mato en el Congreso para que aclare la medida.
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Por ahora, el
único que se ha declarado abiertamente a favor ha sido el presidente madrileño, Ignacio
González, quien ha dicho que su Gobierno "seguirá los
acuerdos" que se adopten a nivel estatal en materia de "copago"
farmacéutico hospitalario, al tratarse de una cuestión donde la Comunidad de Madrid no
tiene "capacidad" de regular.
Por su parte,
la última región en oponerse a la decisión del Gobierno de cobrar una parte de
los fármacos que se dispensan en las farmacias de los hospitales (para
pacientes ambulatorios, no ingresados) ha sido Navarra, cuyo Parlamento ha aprobado una declaración
institucional por la que exige al Gobierno de España que, "bajo ningún
pretexto, imponga el copago farmacéutico hospitalario que se ceba de forma
injusta contra enfermos especialmente graves".
El texto,
presentado por el Partido Socialista Navarro ha contado con el apoyo de todos
los grupos de la cámara (UPN, PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E) a excepción de
los populares. En su declaración, el Parlamento de Navarra "rechaza la
aplicación del copago farmacéutico hospitalario que se ceba de forma injusta
contra enfermos especialmente graves, a quienes lejos de amparar se desampara
ante situaciones especialmente traumáticas".
Por su parte,
fuentes de la
Generalitat valenciana (gobernada
por el PP) han reconocido que "no será posible" poner en marcha dicha
medida antes del 1 de octubre, tal
y como prevé el BOE. El ejecutivo que dirige Alberto Fabra ha admitido en
declaraciones a Europa Press, que este nuevo copago impuesto por el Gobierno central
"no es prioritario en cuanto a la sostenibilidad del sistema".
También desde
Castilla y León, el consejero de Sanidad, Antonio Sáez le ha recordado a su
compañera de partido que la nueva medida no generará ahorros al sistema
mientras "afectará a pacientes que necesitan y deben seguir haciendo esos
tratamientos".
De hecho, el
presidente de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, José Luis Poveda,
ya señaló el pasado viernes a ELMUNDO.es que la medida no cumple ni un objetivo
recaudatorio ni uno disuasorio, al afectar a 157 fármacos que se dispensan en el
hospital para
patologías crónicas como el cáncer, la hepatitis C, la esclerosis múltiple o la
artritis reumatoide.
El conseller catalán de Sanidad, Boi Ruz, no se ha mostrado
tajantemente en contra de aplicar la medida, pero sí ha anunciado que su
departamento estudiará medidas para compensar a los pacientes con menos
recursos.
Como el
consejero vasco, Jon Darpón, son
muchas las voces que critican además que la medida se haya aprobado sin suficiente
debate previo ni negociación con los agentes implicados.
Todo ello ha
llevado al PSOE a pedir la comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato,
ante el Congreso de los Diputados para aclarar los efectos que tendrá la
medida. Además, el grupo socialista le preguntará sobre el mismo asunto en la
sesión de control al Gobierno del próximo miércoles.
El próximo 1 de
octubre, en la Comisión
de Farmacia que reúne a Gobierno y comunidades, las regiones opositoras tendrán
la primera oportunidad de expresarle su malestar a la ministra.
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