Asociaciones sectoriales como la fontanería y
calefacción, electricidad o talleres mecánicos alertan de los riesgos de
contratar a firmas que no cuentan con la cualificación necesaria
El intrusismo laboral ha existido siempre, pero se ha disparado
desde el inicio de la crisis hasta el punto de que las empresas cualificadas en
distintos sectores para llevar a cabo trabajos especializados se están viendo
desbordadas y claman ante la administración para que actúe. En algunos casos,
como Foncalor, que agrupa a 350 empresas del sector de instalaciones de la
provincia de Pontevedra (sus asociados son empresas representativas de las
áreas de agua calienta sanitaria, calefacción, climatización, contra incendios,
electricidad, fontanería, frío industrial, gas, productos petrolíferos
líquidos, equipos a presión, refrigeración, saneamiento y ventilación), se han
visto incluso obligados a acudir ante el Valedor do Pobo para exigir a la
administración que actúe ante sus reiteradas denuncias desde que en 2011 ya
iniciaron esta cruzada contra el intrusismo laboral que, calculan, absorbe
entre un 20 y un 25% en energía sumergida que se mueve en el sector.
En concreto, y
según los informes de la
Confederación de Empresarios de Pontevedra, en febrero de
2013 Foncalor había presentado 25 denuncias de trabajadores ilegales tanto ante
Industria como ante Inspección de Trabajo, Hacienda y los ayuntamientos,
facilitando en tales escritos nombres completos, teléfonos y domicilios de las
empresas fraudulentas, así como 98 denuncias de instalaciones ilegales
realizadas por ellos y sin que se recibiera contestación alguna por parte de la
administración sobre las actuaciones realizadas al respecto o si algunos de estos
expedientes acabó en sanción.
A mediados de
este mes, esta organización que agrupa a más de 350 empresas de Pontevedra
insistía en que pese a las denuncias y reuniones con los distintos organismos
públicos, no se han obtenido "los resultados deseados dada la falta de
recursos, lentitud en la gestión y excesiva burocratización de la
administración". Ahora acuden al Valedor "con el fin de que supervise
la labor de la administración y corrija su falta de operatividad y agilidad en
la gestión" de esta problemática.
Desde Foncalor
llaman la atención sobre los riesgos de esta economía sumergida: "Cada vez
hay más casos de personas o empresas que ejercen las actividades de instalación
o reparación sin darse de alta, sin seguro de responsabilidad civil, sin tener las
oportunas cualificaciones profesionales establecidas por la administración
pública para cada caso, sin pagar impuestos, sin cumplir las normativas
laborales o medioambientales...". Esto no solo supone un serio perjuicio
para el sector, sino que, al "no poder garantizar la calidad y seguridad
de las instalaciones en las que intervienen" también se pone en cuestión
los derechos de los consumidores en caso de reclamación pero, "sobre todo
su seguridad, que se ve seriamente comprometida".
El sector de la
fontanería y afines no es el único afectado en la provincia. Lo son otros
muchos, tal y como señala la
CEP. El pasado mes de febrero hasta diez asociaciones de
empresarios sectoriales y territoriales se reunieron en la primera Comisión de
Intrusismo Empresarial. Entre ellos los empresarios del transporte
(Asetranspo), los de la construcción (Apec), los de materiales de construcción
(Asemaco), la propia Foncalor así como la asociación de talleres mecánicos
(ATRA) y de instalaciones de electricidad y telecomunicaciones (Instaelectra).
En este último
sector la problemática causada por los altos niveles de intrusismo es también
acuciante. Fuentes de Instaelectra señalan que en su caso la mayor complicación
viene dada por la emisión fraudulenta de certificados de instalaciones
eléctrica al finalizar una obra. Existen constructores que echan mano de
empresas no cualificadas para ejecutar la obra y luego "compran" de
manera fraudulenta el boletín. Se trata de "firmas con las que nos es
imposible competir a los instaladores autorizados ya que eliminan costes como
los impuestos, seguros, medidas de seguridad laboral y otras muchas que les
permite tirar los precios", indican desde esta asociación de empresarios.
También han formulado reiteradas denuncias ante la patronal sin que por ahora
hayan recibido respuestas. Asimismo, llaman la atención sobre las consecuencias
fatales de una instalación eléctrica ejecutada por personal no cualificado: Es
más fácil la avería y "en caso de accidente, como un incendio, además sería
muy complicado que las aseguradoras respondiesen en materia de responsabilidad
civil".
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