sábado, 3 de agosto de 2013

LA CRISIS DISPARA EL INTRUSISMO LABORAL Y ABOCA A LOS EMPRESARIOS A QUEJARSE ANTE EL VALEDOR

Asociaciones sectoriales como la fontanería y calefacción, electricidad o talleres mecánicos alertan de los riesgos de contratar a firmas que no cuentan con la cualificación necesaria

El intrusismo laboral ha existido siempre, pero se ha disparado desde el inicio de la crisis hasta el punto de que las empresas cualificadas en distintos sectores para llevar a cabo trabajos especializados se están viendo desbordadas y claman ante la administración para que actúe. En algunos casos, como Foncalor, que agrupa a 350 empresas del sector de instalaciones de la provincia de Pontevedra (sus asociados son empresas representativas de las áreas de agua calienta sanitaria, calefacción, climatización, contra incendios, electricidad, fontanería, frío industrial, gas, productos petrolíferos líquidos, equipos a presión, refrigeración, saneamiento y ventilación), se han visto incluso obligados a acudir ante el Valedor do Pobo para exigir a la administración que actúe ante sus reiteradas denuncias desde que en 2011 ya iniciaron esta cruzada contra el intrusismo laboral que, calculan, absorbe entre un 20 y un 25% en energía sumergida que se mueve en el sector.
En concreto, y según los informes de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, en febrero de 2013 Foncalor había presentado 25 denuncias de trabajadores ilegales tanto ante Industria como ante Inspección de Trabajo, Hacienda y los ayuntamientos, facilitando en tales escritos nombres completos, teléfonos y domicilios de las empresas fraudulentas, así como 98 denuncias de instalaciones ilegales realizadas por ellos y sin que se recibiera contestación alguna por parte de la administración sobre las actuaciones realizadas al respecto o si algunos de estos expedientes acabó en sanción.
A mediados de este mes, esta organización que agrupa a más de 350 empresas de Pontevedra insistía en que pese a las denuncias y reuniones con los distintos organismos públicos, no se han obtenido "los resultados deseados dada la falta de recursos, lentitud en la gestión y excesiva burocratización de la administración". Ahora acuden al Valedor "con el fin de que supervise la labor de la administración y corrija su falta de operatividad y agilidad en la gestión" de esta problemática.
Desde Foncalor llaman la atención sobre los riesgos de esta economía sumergida: "Cada vez hay más casos de personas o empresas que ejercen las actividades de instalación o reparación sin darse de alta, sin seguro de responsabilidad civil, sin tener las oportunas cualificaciones profesionales establecidas por la administración pública para cada caso, sin pagar impuestos, sin cumplir las normativas laborales o medioambientales...". Esto no solo supone un serio perjuicio para el sector, sino que, al "no poder garantizar la calidad y seguridad de las instalaciones en las que intervienen" también se pone en cuestión los derechos de los consumidores en caso de reclamación pero, "sobre todo su seguridad, que se ve seriamente comprometida".
El sector de la fontanería y afines no es el único afectado en la provincia. Lo son otros muchos, tal y como señala la CEP. El pasado mes de febrero hasta diez asociaciones de empresarios sectoriales y territoriales se reunieron en la primera Comisión de Intrusismo Empresarial. Entre ellos los empresarios del transporte (Asetranspo), los de la construcción (Apec), los de materiales de construcción (Asemaco), la propia Foncalor así como la asociación de talleres mecánicos (ATRA) y de instalaciones de electricidad y telecomunicaciones (Instaelectra).
En este último sector la problemática causada por los altos niveles de intrusismo es también acuciante. Fuentes de Instaelectra señalan que en su caso la mayor complicación viene dada por la emisión fraudulenta de certificados de instalaciones eléctrica al finalizar una obra. Existen constructores que echan mano de empresas no cualificadas para ejecutar la obra y luego "compran" de manera fraudulenta el boletín. Se trata de "firmas con las que nos es imposible competir a los instaladores autorizados ya que eliminan costes como los impuestos, seguros, medidas de seguridad laboral y otras muchas que les permite tirar los precios", indican desde esta asociación de empresarios. También han formulado reiteradas denuncias ante la patronal sin que por ahora hayan recibido respuestas. Asimismo, llaman la atención sobre las consecuencias fatales de una instalación eléctrica ejecutada por personal no cualificado: Es más fácil la avería y "en caso de accidente, como un incendio, además sería muy complicado que las aseguradoras respondiesen en materia de responsabilidad civil".
La Asociación de Empresarios de Talleres de Reparaciones de Vehículos de Pontevedra (ATRA) también denunció en los últimos dos años más de 200 talleres clandestinos en la provincia. A los perjuicios ya citados anteriormente, en este sector se suma un riesgo medioambiental por la falta de control de sustancias nocivas por parte de estos negocios irregulares.

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