UGT-ANDALUCÍA CREARÁ UNA COMISIÓN QUE INVESTIGARÁ SI HUBO ERRORES EN LA GESTIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
El secretario general de UGT
en Andalucía, Francisco Fernández, ha comparecido hoy ante los medios de
comunicación para aclarar las denuncias sobre la posible falsificación de
facturas y el uso de fondos públicos, destinados a programas de formación, para
financiar la huelga general del 29 de septiembre de 2010, hechos que se
encuentran ya en manos de la Fiscalía Superior de Andalucía. Fernández ha negado
cualquier uso fraudulento de los fondos, que el sindicato se quede con dinero
de los desempleados y que UGT induzca a la realización de facturas falsas.
No obstante, ha anunciado que el sindicato creará una comisión interna que investigará y revisará las facturas de cada uno de
los programas para “clarificar si ha existido algún error”.
En este
contexto, Fernández ha anunciado que el sindicato ha creado, además, ante
notario, un fondo con más de
115.000 euros para, “si finalmente, se detecta algún error”, hacer frente a la
devolución de las cantidades correspondientes a la
publicidad imputada a los programas de formación.
Francisco
Fernández, acompañado por José Ginel, secretario de Comunicación, y por Manuel
Ferrer, secretario de Organización y Coordinador del Área Interna, ha mostrado
la “total” disponibilidad del sindicato a colaborar con la Fiscalía, con la Junta de Andalucía o “con
cualquier administración que lo reclame”. De hecho, no ha descartado una
posible comparecencia en el Parlamento para dar cuenta de la gestión de los
citados fondos y ha recordado que sólo lleva 109 días en el cargo y que el objetivo
de la nueva comisión ejecutiva es que “todo se aclare y se subsane cualquier
error contable”.
Asimismo, ha
explicado que en los últimos cuatro años el sindicato ha impulsado más de 7.000
cursos de formación y ha aclarado que, aunque todos han sido financiados con
dinero de la
Administración, UGT adelanta el coste de los mismos -gracias
a distintas pólizas- puesto que los fondos públicos llegan después de la
finalización de los propios cursos. Así, ha asegurado que cada programa
formativo puede tener más de 6.000 folios de justificación económica y que
la revisión y respuesta a los requerimientos por parte de la Administración
pueden llevar un año o dos. Fernández ha querido dejar claro
que se trata de procesos de fiscalización del gasto a los que se someten todas
las organizaciones que trabajan con fondos públicos y que en ese proceso se
detectan y subsanan errores.
INVESTIGACIÓN
EN CURSO
UGT ha
informado por escrito a la Junta
de Andalucía de la investigación interna que llevará a cabo, y que comenzará por aclarar, en primer lugar, las informaciones
periodísticas que cuestionan el uso de los fondos de formación. Según Fernández, una vez aclaradas
estas denuncias, se analizará la gestión de todos los cursos de formación
realizados con fondos públicos.
En este
sentido, Fernández ha entregado a los periodistas diversos documentos que
contradicen la versión ofrecida por elmundo.es en relación al pago de la revista del
sindicato con fondos destinados a un curso para desempleados. Fernández ha
aclarado que sólo se imputa a dicho curso una factura en concepto de publicidad
de 7,38 “y no los 29.774,94 euros que dice ese diario”. “Facturamos 0,04
céntimos de euro del encarte postal. Creo que está bien justificado”. Fernández
ha dejado claro que “UGT siempre ha sufragado los gastos íntegros de su
revista con recursos propios”. Asimismo, ha insistido en
que es “la propia Administración y la Unión Europea la que obliga a destinar
determinados fondos públicos a publicitar las acciones formativas ” y que,
hasta la fecha, “UGT no ha recibido resolución alguna de la Administración que
le reclame cantidad alguna de estas acciones formativas”.
Por otra parte,
Francisco Fernández ha insistido en que “ni se ha falsificado ni se ha inducido
a la falsificación de facturas”, en alusión a los correos electrónicos en los
que se reclama al proveedor de servicios que modifique el concepto por uno
relacionado con los cursos. Únicamente, ha aclarado el secretario general, se
ha solicitado la modificación del concepto de una de las facturas porque “no se
correspondía el importe total con el concepto descrito en el documento”.
Finalmente,
Fernández ha negado que en el sindicato “se haya trabajado o se
trabaje en negro”, respecto al supuesto pago de adolescentes y
ha asegurado que se investigará el pago de la cena de la Feria de Abril. “Yo soy el
primer sorprendido. Si se demuestra, tomaremos las medidas que correspondan”,
ha concluido.
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