miércoles, 28 de agosto de 2013

LOS SINDICATOS PIDEN A LA JUNTA QUE NEGOCIE LOS RECORTES A LOS ANCIANOS

UGT y CCOO exigen a Salud que reduzca la lista de espera de los dependientes

UGT y CCOO coincidieron ayer en solicitar a la Junta de Andalucía que retome la negociación con las diferentes patronales del sector sobre las acciones que tomará a principios de septiembre en las residencias de mayores y los centros de discapacitados. Ambos sindicatos lamentaron el desmantelamiento de la ley de dependencia y solicitaron a la Administración autonómica que reduzca con urgencia la lista de espera de dependientes con derecho a recibir una ayuda y que supera las 50.000 personas. UGT reclamó una Mesa de partidos políticos, sindicatos y patronal y CCOO la revisión de los acuerdos de concertación "para tratar de salvar un sector que la Junta debe considerar prioritario". 

La parálisis de la ley de dependencia ha elevado el número de plazas vacías a 2.800 de las 11.163 que la Junta tiene concertadas en residencias de mayores. A principios de agosto la Consejería de Salud y Bienestar Social que dirige María Jesús Montero informó a las patronales de que a principios de septiembre dejará de pagar las reservas de las plazas que no estén ocupadas (el 60% de los 1.488 euros que cuesta una plaza al mes, 888 euros). Las patronales culpan a la Junta de las plazas vacías, ya que sí existe demanda por parte de personas mayores para ocuparlas. Añaden que, si finalmente la Junta deja de pagar las reservas y sigue sin derivar a nuevos usuarios, muchas pequeñas residencias, principalmente en el entorno rural, están abocadas a despidos en la plantilla (entre 1.500 y 2.000) o al cierre. 

La negociación lleva más de un año, pero se ha precipitado este agosto. Los sindicatos se arrogan que no prosperase la propuesta inicial. "Acordaron un recorte en un 12% de lo que paga la Junta y, a cambio, las empresas podían despedir a personal o recortar salarios. Protestamos y la Junta dio marcha atrás", señaló Antonio Macías, secretario regional de Sanidad de UGT. 

"Estamos en contra de la bajada de ratio (número de cuidadores por personas mayores). Es inaceptable", subraya Rosa Berges, secretaria de Política Social de CCOO. Según esta dirigente, con esa propuesta se dejaba al albur de las residencias la contratación de algún terapeuta, médico, psicólogo o trabajador social en cada centro, ya que se suprimía la obligatoriedad de tenerlos. Este borrador acordado por el director de la Agencia Andaluza de la Dependencia, Jesús Huerta, quedó en un cajón tras las protestas sindicales. 

La alternativa de la Junta pasa por eliminar el pago de la reserva de plaza. Salud entiende que es la mejor solución para reducir el objetivo de déficit y paliar los recortes del Gobierno central. 

Pero las patronales de residencias de mayores abogan por estudiar otras soluciones y han pedido una entrevista a la futura presidenta, Susana Díaz, para que no sea un gobierno interino quien decida. 

"Parece lógico; antes que cualquier medida restrictiva, mejor que se siga negociando. Los empresarios quieren que se garantice esa ocupación y lo que no puede ser es que haya pacientes para garantizar esa ocupación y sean miles de personas las que no están recibiendo asistencia. Si la Junta vende que quiere hacer suya la ley de dependencia, tendrá que renunciar a invertir en otras cuestiones que a todos se nos pasan por la cabeza y dedicar dinero a lo que genera empleo y presta servicios a las personas mayores", consideró Macías. 

Para Berges, "unos y otros tendrán que rebajar sus pretensiones. Si las plazas no están ocupadas, no hay trabajadores atendiéndolas ahora mismo. No es una buena medida, pero parece un mal menor, los empresarios tendrán que rebajar sus ganancias. Lo que no puede ser es pagar por plazas no ocupadas, o que paguen los trabajadores, que ya de por sí tienen una sobrecarga de trabajo enorme". Esta orden podría estar vigente en unas semanas si Salud no atiende estas solicitudes, a la que también se sumó Izquierda Unida.


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