lunes, 26 de agosto de 2013

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ELIMINAN 2.460 EMPLEOS EN CÓRDOBA EN UN AÑO

El personal se ha reducido en un 5,2% desde 2012 La Junta de Andalucía es la que más plantilla ha reducido y a continuación se sitúan los ayuntamientos y la Diputación.

El sector de las administraciones públicas (los funcionarios y el personal contratado por el Estado, la Junta, los ayuntamientos, la Diputación y las universidades) ha destruido en Córdoba 2.460 empleos en tan sólo un año, de enero de 2012 a enero de 2013. Ello supone casi un 5,6%, según se desprende de los nuevos datos que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acaba de publicar y que reflejan el peso específico que, pese al retroceso, ese empleo sigue teniendo para la provincia de Córdoba. En total, aglutina a 44.464 personas contratadas, lo que supone el 10% de todos los empleados públicos andaluces, que son 470.426 en total. En estos datos no se recogen los altos cargos ni los cargos electos de esas mismas administraciones, pese a que tengan un sueldo asignado. 

En Córdoba, algo más de la mitad de ese personal -23.924- depende de la Junta, aunque se trata de una de las provincias donde menos plantilla cuenta la administración autonómica. En este capítulo destaca de hecho Sevilla, que tiene 58.411 empleados públicos, pero hay que tener en cuenta que es la sede de la Junta y el Parlamento y de las consejerías del Ejecutivo. El 22% -10.058 personas- están en los ayuntamientos y en la Diputación. El Estado paga en Córdoba a 8.899 trabajadores, el 19,9%; mientras que la Universidad tiene a otras 1.765 personas en nómina, el 4% de los empleados públicos que constan. 

Las cifras están recogidas en el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas de enero de 2013 y reflejan que, en el caso de Córdoba, fue la Administración autonómica la que, proporcionalmente, destruyó más empleo en esos doce meses. En concreto, se perdieron el 6,8% de los empleos, lo que significa 1.754 contratos menos). Si la comparación se hace con 2009, el año en el que comenzaron las consecuencias de la crisis económica, el descenso roza el 8,3%, con 2.184 empleos destruidos en todo el periodo. 

La Administración local es la segunda que más empleo ha perdido. En enero de 2013 tenía a 573 personas menos contratadas que un año antes, un 5,4% menos. El Estado recortó un centenar de empleos, un 1,2%; y las universidades apenas redujeron la plantilla en 25 personas en el mismo periodo. 

En este retroceso en el número de contratos han sido determinantes tanto la falta de liquidez de las administraciones como los límites impuestos por el Gobierno central a la hora de realizar o reponer al personal que se jubila, por ejemplo, para reducir el déficit público. 

Así, se cuentan por decenas los despedidos en aplicación de los planes de ajuste -obligados para ponerse al día en el pago con proveedores- en los ayuntamientos, con varios casos de Expedientes de Regulación de Empleo. Los casos se multiplican si se tienen en cuenta los contratos temporales que no se han renovado. Desde diciembre de 2011, además, no se pueden crear nuevas plazas, ni reponer bajas y jubilaciones, salvo en servicios considerados básicos -fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanidad y educación, entre otros- pero sólo el 10% de los puestos que van quedando libres. 

En este contexto, Córdoba refleja la misma tendencia que se da a nivel nacional: todas las administraciones, sin excepción, han perdido personal. En algunos casos, eso sí, la pérdida ha sido más o menos acentuada en la provincia, que supera la media nacional en reducción de empleo estatal (fue sólo 1,91% entre enero de 2012 y 2013) y de las comunidades autónomas (la media del país no llegó al 3,3%, frente al 6,8% en la Junta de Andalucía). 

Sin tener en cuenta al personal de las universidades (el modo de contabilizarlo cambió en enero de 2012 y no puede compararse con años anteriores), Córdoba tiene hoy casi un 7% menos personal público que en 2009, 3.326 personas menos en números absolutos. Teniendo en cuenta que, de ellos, 2.460 se han perdido en el último año, queda claro que es ahora cuando la crisis está arreciando en el sector público, en una tendencia que puede que continúe, entre otras cosas, por la aplicación de la reforma de la ley de la administración local que está en marcha. 

Según se especifica en el citado boletín estadístico -que recopila los datos del personal dos veces al año, en enero y julio, aunque los que se han publicado ahora son los del inicio del año- en esas cifras están incluidos tantos funcionarios de carretera como personal laboral, eventual (son los cargos de confianza) e interinos. Pero el peso del sector se multiplicaría teniendo en cuenta otros entes (personal de empresas públicas, fundaciones, consorcios...) que no se recopilan en este estudio.


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