El número de condenas por delito de
atentado tras agresiones a los profesionales sanitarios se ha incrementado en
un 86 por ciento desde 2009, siendo 21 los fallos del tipo alcanzados el pasado
año, según ha detallado la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús
Montero, durante su comparecencia en la Comisión del ramo del Parlamento andaluz.
Montero se ha referido así a uno de los principales
datos extraídos del Plan andaluz de Prevención y Atención de Agresiones a los
Profesionales Sanitarios. Sólo en 2012, ha valorado las 245 asistencias letradas
registradas, con un total de 201 sentencias condenatorias, 21 de ellas por
atentado.
"Esto supone que las condenas por delito de
atentado se han incrementado en un 86 por ciento desde 2009, cuando se
registraron tres", ha recalcado Montero, quien ha recordado que fue en
2007 cuando se iniciaron conversaciones y reuniones con el Fiscal Jefe del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en las que se le trasladó la
necesidad de que este tipo de conductas agresivas se condenaran como delito de
atentado hacia un funcionario de la Administración pública.
"Desde entonces, los órganos judiciales han
demostrado una gran sensibilidad hacia este asunto, aumentándose sensiblemente
el número de condenas de este tipo durante los últimos años", ha ensalzado
Montero, para quien la prevención de estas agresiones hacia los profesionales
"ha sido siempre, y seguirá siendo, una prioridad de la Consejería de Salud y
Bienestar Social.
Al efecto, ha anunciado que el SAS está trabajando
actualmente en la modificación del registro de agresiones a profesionales para
proponer medidas de seguridad acordes a la problemática que presenta cada
centro. Para ello, se está ampliando la información que se recoge en dicho
registro.
El Plan de Prevención de Agresiones establece un
protocolo de actuación en el que se recomienda a los profesionales qué hacer
ante una situación de violencia. Para ello, el SAS realiza una labor de
difusión y formación de los profesionales.
Tanto es así que se desarrollan actividades
formativas que abordan, desde posibles herramientas para promover el respeto
mutuo entre profesionales y los usuarios, hasta la capacidad de los
profesionales para realizar y recibir una crítica, dar una mala noticia y
manejar el estrés, entre otras.
Para hacer más accesible este tipo de formación,
desde 2008 está disponible de forma on line en la web del SAS. Más de 40.000
profesionales han hecho uso de ella.
Asimismo, el plan incluye la puesta en marcha de
medidas de seguridad activa y pasiva en los centros y ofrece asistencia
jurídica y psicológica a los profesionales afectados, quienes, además, podrán
ser trasladados a otro centro para garantizar un desarrollo de su actividad
normalizado.
INVERSIÓN
Montero ha detallado que el SAS ha invertido en los
últimos años más de 160 millones de euros en la implantación de dispositivos
tecnológicos que garantizan un contexto más seguro de trabajo. Así, ha aludido
a los más de 2.000 timbres antipánico; 1.446 interfonos; 1.559 teléfonos
directos con seguridad; 555 salidas alternativas y 1.191 videocámaras de
vigilancia en espacios abiertos. Además, ya se han implantado en Andalucía
3.500 botones antipánicos.
Se trata de una clave de seguridad que se activa en
el teclado del ordenador y que permite dar aviso inmediato frente a situaciones
conflictivas. Los dispositivos sanitarios móviles, por su parte, cuenta con GPS
en ambulancias (66 en total) y con timbres para avisar de una posible
incidencia (24). Asimismo, hay en torno a 600 vigilantes de seguridad en los
centros sanitarios cada año, un servicio cuya contratación se ha mantenido
estable en el tiempo.
NÚMERO DE
AGRESIONES
El registro, alimentado por las 36 Unidades de
Prevención de Riesgos Laborales de los centros asistenciales del SAS, permite
identificar la causa que origina el acto violento, la distribución de las
mismas entre primaria y hospitalaria, y las categorías profesionales que más
situaciones de este tipo sufren.
Desde que en 2005 naciese este registro se han
contabilizado un total de 1.734 agresiones, de las que 214 tuvieron lugar en
2012. La distribución sobre el nivel asistencial en el que habitualmente tienen
lugar este tipo de actos violentos es el siguiente: 52 por ciento en Atención
Primaria (donde se realiza el 65 por ciento de la actividad asistencial) y 48
por ciento en hospitalaria.
Prácticamente el 80 por ciento de los episodios se
produce contra personal sanitario y el 20 por ciento contra personal no
sanitario. Dentro del personal sanitario, el de enfermería es el que registra
mayor número de agresiones, y los celadores entre los no sanitarios.
