QUEDAN PENDIENTES DE JUICIO AÚN DOS DE LOS CUATRO
CASOS
El Consistorio estudia si recurrir la última
sentencia que le condena a pagar 284.000 euros a un arquitecto
Las
cuatro denuncias por acoso laboral que acumula el Ayuntamiento de Errenteria en
los últimos años están saliendo muy caras a este municipio de Oarsoaldea y
amenazan con ahondar en la herida después de que el Consistorio encajase la
pasada semana una nueva sentencia condenatoria que le obliga a indemnizar con
284.000 euros a un arquitecto municipal que denunció su situación por
hostigamiento en el trabajo entre los años 1995 y 2007.
El suyo no es más que uno de los cuatro
casos abiertos por posible mobbing que
afectan a funcionarios del Ayuntamiento de Errenteria durante los mandatos de
los alcaldes Miguel Buen y Juan Carlos Merino, ambos del PSE-EE, entre 1992 y
2007. Los denunciantes por acoso laboral sufrieron afecciones psíquicas que
derivaron en bajas médicas de larga duración e incapacidades permanentes.
Aunque todos tienen, en el ámbito de la salud, reconocimiento por enfermedad
laboral, el del técnico de Urbanismo (arquitecto) -sus iniciales son J.A.I- es
el segundo de los cuatro que ha llegado a juicio, mientras otros dos están
pendientes aún.
Con
todo, y pese a que quedan casos por resolver, la Justicia ha condenado ya al
Ayuntamiento de Errenteria a pagar unos 900.000 euros entre indemnizaciones
directas y recargos de prestaciones. Este último concepto responde a un
depósito que le exige la Seguridad Social al Consistorio para hacerse cargo de
parte de las pensiones por incapacidad que se les han concedido a los dos
afectados con sentencia favorable por enfermedad laboral con responsabilidad
por parte del Ayuntamiento.
El
primer revés judicial importante que sufrió el Ejecutivo de Errenteria llegó
hace ya más de tres años y hacía referencia al caso de una exagente de la
Policía municipal que declaró en contra de un superior en un juicio. La sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) condenó en
julio de 2009 al Ayuntamiento de Errenteria "por responsabilidad
empresarial". Le imponía asumir un recargo del 40% en las prestaciones asignadas
por la Seguridad Social a esta extrabajadora municipal, lo que suponía
depositar 200.000 euros en la Seguridad Social; luego le siguieron otros
200.000 que decretó otro juez a modo de indemnización por los daños causados.
En
el citado fallo del TSJPV, el tribunal estimó que había concurrido
"responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene
en el trabajo", lo que dio lugar a un "hostigamiento continuo"
que, finalmente, originó la "baja médica" por problemas psíquicos de
la exempleada municipal en diciembre de 2004.
La
misma sentencia reconocía el "acoso sistemático" al que había sido
sometida la agente desde que en 1994 declaró en un juicio contra un superior.
Su caso continúa abierto hoy en día en los tribunales con sendos recursos por ambas
partes.
Paralelamente,
el arquitecto municipal de Urbanismo cuya sentencia se acaba de conocer esta
semana, J.A.I., venía siendo acosado en el trabajo -según admite ahora un juez-
entre 1995 y 2007. El afectado reclamó 600.000 euros por el daño moral causado
y las secuelas que afectaron a su vida personal. El Juzgado de lo Contencioso
de Donostia admite que la "fatal gestión y administración fue el
determinante de su agotamiento psíquico y lo llevó a la anulación total de su
personalidad".
El
magistrado, al mismo tiempo, considera probado que desde 1995 el Ayuntamiento
conocía la "penosa situación" del trabajador y reconoce la presión
inhumana que tuvo que soportar por parte de los responsables políticos de
turno, que en ese momento eran del PSE-EE. Y todo, por oponerse, con criterios
técnicos, a varios de los planteamientos del Gobierno municipal.
En
lo referente a este caso, el Consistorio ya ha adelantado a la Seguridad Social
otros 200.000 euros por recargo de prestaciones, lo que eleva la cantidad total
desembolsada a unos 900.000 euros si se suman ahora los 284.000 de
indemnización.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN En cola de
espera, hay otros dos afectados. Se trata del responsable de Mantenimiento
Urbano del Consistorio. Su caso debería ser el siguiente en pasar por los
juzgados. Lleva de baja desde finales de 2009 y se encuentra en situación de
incapacidad permanente por "accidente laboral de origen psicosocial",
tal y como han reconocido sentencias judiciales. El TSJPV admitió que la
incapacidad temporal y la posterior incapacidad permanente eran de carácter
laboral. El cuarto caso afecta al técnico de Protección Civil, que actualmente
permanece de baja y con tratamiento psiquiátrico.
Esta situación no es desconocida para
el resto de grupos de la Corporación municipal, ya que las cuatro denuncias de mobbing causaron una gran convulsión en
el Ayuntamiento entre 2010 y 2011, cuando comenzaron a conocerse las primeras
decisiones judiciales.
Alarmados
por que un mismo Ayuntamiento acumule cuatro denuncias con indicios de
responsabilidad del Gobierno municipal, se procedió a la apertura de una
comisión de investigación política, pese a las reticencias iniciales del PSE,
partido en el Gobierno.
Finalmente, la comisión formada por los
grupos políticos eludió buscar culpables y planteó una serie de medidas para
evitar más casos de mobbing.
http://www.noticiasdegipuzkoa.com
