Aunque el Gobierno ha congelado por tercer año consecutivo las retribuciones de los empleados públicos y mantendrá a cero la tasa de reposición del personal que se jubile, salvo en los servicios esenciales como Sanidad, Educación y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estos recortes no serán los únicos que acometerá el equipo de Mariano Rajoy, cuyo objetivo es aprobar una reforma que permita aplicar EREs al personal laboral, según publica Libertad Digital.
Los sindicatos temen que haya nuevos recortes en el gasto de personal y que estos se materialicen mediante despidos colectivos entre el personal laboral, tanto de las Administraciones como de las empresas públicas. Es decir, mediante la reducción de plantillas, una medida que en ningún caso afectará a los funcionarios.
La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena aplicación está a la espera de desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado julio y es probable que no haya grandes modificaciones, ya que los sindicatos no han recibido respuesta del Ministerio de Empleo a las alegaciones que presentaron.
Este documento indica que las empresas públicas podrán aprobar un ERE alegando “causas económicas”, al igual que cualquier otra compañía privada. Se entiende que concurren “causas económicas” cuando existan “pérdidas actuales o previstas”, o bien una “disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas”. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente “si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior”.
Asimismo, las Administraciones Públicas (Gobierno, CCAA, Ayuntamientos, Seguridad Social, organismos autónomos, Universidades y otras entidades públicas) podrán despedir personal laboral alegando, igualmente, “causas económicas”.
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