A dos semanas de que venza el plazo
para que la Cámara
de Diputados dictamine el proyecto de reforma laboral enviado por Felipe
Calderón el 1º de septiembre, bajo la figura de "iniciativa
preferente", son cada vez más inequívocas las señales de que el propósito
real de esa propuesta y del proceso legislativo correspondiente no es la
creación de empleos, como afirman sus promotores, sino el avance de la agenda
empresarial en el marco legal que regula las relaciones de trabajo.
Luego de una reunión privada con
representantes de las tres principales fracciones parlamentarias –PRI, PAN y
PRD—, la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial manifestó ayer que los
legisladores "van a discutir y van a empujar un acuerdo para sacar la
reforma laboral", la cual, como han afirmado diversas especialistas en la
materia, destaca por su carácter ofensivo a los derechos de los trabajadores y
por la incorporación de reivindicaciones añejas del sector patronal: ampliación
de la contratación temporal, abaratamiento del despido, legalización del
outsourcing y limitación del pago de salarios caídos en los conflictos
obrero-patronales y del derecho de huelga, entre otras modalidades que encajan
en el eufemismo de "flexibilidad laboral".
No debe sorprender que el organismo
cúpula del empresariado –en tanto representante de uno de los denominados
"factores de la producción"– ejerza su capacidad de cabildeo para
influir en un proceso de deliberación legislativa como el que ahora se
desarrolla. Pero la disposición de los legisladores a atender a los llamados de
ese grupo, en contraste con la actitud sorda que han mostrado hacia los
sectores críticos de la reforma –sindicatos, académicos, organismos de la
sociedad civil– hace inevitable pensar que el dictamen que se gesta en San Lázaro
podría ser producto de una negociación opaca, discrecional y pronunciadamente
antidemocrática entre los supuestos representantes populares y los dueños del
dinero.
El argumento principal de los
impulsores de esta reforma –la legislación laboral vigente es un obstáculo para
la creación de empleos en el país– queda desvirtuado con lo expresado ayer
mismo por el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X.
González, quien afirmó que el principal lastre para las inversiones productivas
en México es la falta de seguridad pública y jurídica en el país.
Si eso es verdad, cabe preguntarse qué
tanto podría ayudar la aprobación de una reforma laboral como la comentada a la
generación de empleos, en la medida en que el Estado siga sin poder cumplir con
su responsabilidad más elemental. Más aún: habida cuenta de la relación
existente entre la criminalidad, por un lado, y la marginación, la pobreza y el
desempleo por el otro, es inevitable concluir que la causa principal de ese
círculo vicioso no radica en la obsolescencia de la actual Ley Federal del
Trabajo, sino en que ésta ha quedado reducida a letra muerta durante el ciclo
de presidencias neoliberales.
Sería mucho más presentable en términos
políticos –y mucho más benéfico para el país, a la larga— que los legisladores
involucrados en la discusión de la reforma laboral fueran más allá de los
enjuagues opacos ente partidos, bancadas y poderes fácticos y, si en verdad es
impostergable el diseño de modificaciones legales en materia laboral, éstas se
efectuaran por medio de un debate amplio e incluyente, que recoja el sentir de
todos los actores involucrados. De otra forma, la citada reforma, en caso de
aprobarse, será un regalo más a los empresarios.
