La aplicación unilateral de la reforma
laboral en la multinacional Arcelor
Mittal, que emplea en España a unos 11.000 trabajadores y que suponía una
rebaja salarial y un incremento de la jornada laboral, tendrá que esperar para
una mejor ocasión. La masiva respuesta de la plantilla que ha secundado un paro de 48 horas obligó a la dirección de la compañía
de mayoría de capital indio a dar marcha atrás y a negociar con los
representantes sindicales una salida a su difícil situación económica que pasa
por la retirada de su propuesta.
El
principio de acuerdo no supone que en un futuro más o menos inmediato la
propuesta de la patronal no se pueda retomar. Todo
depende del desarrollo de las conversaciones y de la marcha del negocio del
acero, afectado por la crisis, como sucede, prácticamente, en la siderurgia
mundial. Supone que la empresa ceja en su deseo de aplicar la reforma a la
brava y, por su parte, los trabajadores desconvocan otro paro previsto para
finales de esta semana.
La
huelga convocada por todas las centrales sindicales la pasada semana fue un éxito sin precedentes que hasta la propia Arcelor Mittal
admitió en un comunicado. A pesar de las protestas habituales por la
declaración de servicios mínimos que los trabajadores cumplieron a rajatabla,
la asistencia al puesto de trabajo fue tan escasa que llegó a calificarse el porcentaje de huelguistas en
cerca de un cien por cien, sin que nadie rebatiera ese dato.
El
caldo de cultivo para el paro lo había azuzado la propia compañía al afirmar
que, con acuerdo o sin acuerdo, los puntos de la reforma laboral que permiten a
una empresa reducir el salario e incrementar la jornada, iban a salir adelante.
Fue un error táctico porque los sindicatos se aprovecharon
de este órdago para convencer a los trabajadores de secundar las movilizaciones
e instar a la propia dirección a sentarse a negociar. Visto el resultado de la
acción sindical, a Arcelor no le quedó más remedio que avisar a los dirigentes
sindicales para que acudieran a la mesa de las negociaciones para discutir
sobre el futuro.
Y ayer,
lunes, al mediodía se llegó a un principio
de acuerdo consistente en
retirar la aplicación de la reforma laboral a cambio de que los sindicatos
desconvocaran la huelga. Y a comenzar en seguida las negociaciones en las que,
teniendo en cuenta la situación económica del sector, los empleados de la
multinacional están convencidos de que tendrán que dejarse algún pelo en
la gatera, porque la compañía está aplicando restricciones en sus plantas de
todo el mundo y tiene en la nevera el proyecto de reabrir el segundo horno de
su factoría en Gijón, que permitiría consolidar los puestos de trabajo y darle
seguridad a las industrias auxiliares. De todas las plantas que Arcelor Mittal
tiene en España, es en Asturias donde cuenta con una plantilla más numerosa:
6.500 trabajadores.
Independientemente
de los problemas por los que atraviesa la siderurgia mundial y el efecto de la
crisis financiera sobre toda la economía, en las plantas españolas la
preocupación más evidente es la que se deriva del aumento de la tarifa eléctricaque
podría llegar a significar hasta un 10% más en la cuenta de resultados de
la industria. Arcelor Mittal es una de las más afectadas por el 'tarifazo' y
junto con la multinacional americana Alcoa y la también estadounidense Xtrata, que opera comoAsturiana
de Zinc, han hecho saber que si no se llega pronto a una solución, no tendrán más remedio que abandonar el país.
De
esta circunstancia son muy conscientes los miembros del comité de empresa,
según han señalado en diversas ocasiones y ya han manifestado su disposición a
realizar actos de protesta contra el Ministerio de Industria para que pueda
producirse un acuerdo. Pero que asuman las dificultades en este ámbito no lleva
aparejada una disposición a ceder salario y jornada laboral como sacrificio
para mejorar la competitividad, sino que apuestan por otras vías que, además,
pueden ser coincidentes con lo que plantea la patronal asturiana del sector del
metal, Femetal, muy
crítica con el ministro de Industria, José
Manuel Soria por permitir a
la discrecionalidad de los acuerdos entre compañías eléctricas y el resto de la
industria la solución a sus problemas energéticos.