Destaca que la reducción
salarial unilateral a los empleados públicos, como la de 2010, no puede
trasponerse sin acuerdo al sector privado
La sentencia, tras examinar los
correspondientes convenios, concluye que "como la reducción salarial fue
impuesta por Ley, no por acuerdo, a funcionarios públicos, personal estatutario
y personal laboral de ciertas empresas públicas, no cabe aplicar el recorte al personal laboral de empresas
privadas, cual es la empresa recurrente".
En una reunión de la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo de Limpieza de hospitales públicos de Aragón, la
patronal del sector propuso a los sindicatos en julio de 2010 una reducción
general del suelo del 5 por ciento, lo que fue rechazado por las centrales.
La empresa de limpieza ISS Facility
Services S.A. impuso esa bajada de sueldo a sus empleados --que trabajan en 40
hospitales y centros de salud de Zaragoza y Huesca-- a partir del 1 de julio de
2010, atendiendo a que el Gobierno
aragonés había reducido el salario en la misma proporción al personal
estatutario del Servicio Aragonés de Salud (SALUD).
Los sindicatos UGT y CC.OO. recurrieron
contra esa decisión y ganaron el caso, en junio de 2011, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón. La empresa no se dió por satisfecha y apeló al
Supremo, argumentando que el convenio colectivo del sector, de 2005, establece
la equiparación del sueldo de sus trabajadores al personal laboral y
estatutario público incluso cuando se trate de revisiones a la baja de las retribuciones por causa de la
crisis económica.
El alto tribunal responde, primero, que
"en el espíritu de la norma está ampliar las conquistas salariales del
personal estatutario al personal laboral, máxime cuando en aquél momento no era
imaginable una crisis financiera que
obligara a recortes salariales de los empleados de la función pública.
Y segundo, explica que la extensión al
personal laboral de las condiciones salariales reconocidas al personal
estatutario sólo afecta a las logradas en virtud de pacto y acuerdo con los
trabajadores, lo que no fue el caso del recorte del año 2010, ya que se impuso
por Ley a los funcionarios.
