Hostelería, construcción,
agricultura y ciertas industrias concentran la ocupación irregular de
desempleados
Valencia, José Luis Zaragozá
El plan de lucha contra el empleo
irregular y el fraude a la Seguridad Social para el período 2012-2013 -que ha
puesto en marcha el Gobierno central el pasado mes de abril- está logrando
aflorar empresas ficticias y trabajadores que cobraban indebidamente
prestaciones o subsidios del Servicio Estatal Público de Empleo (el antiguo
Inem) tras poner el foco de atención en los principales sectores de actividad
con economía sumergida.
Según aseguran fuentes de la Inspección de Trabajo, negocios relacionados con la hostelería, los sectores manufactureros (sobre todo calzado y textil-confección en aquellas regiones donde está extendida esta actividad), así como el campo, acaparan gran parte de las actuaciones realizadas por estos funcionarios del Ministerio de Empleo. También la construcción, aunque en menor medida por el pinchazo de la «burbuja inmobiliaria», escapa del fraude laboral. «El setenta por ciento de las visitas realizadas acaba en expediente de infracción por posible fraude a las arcas del Estado», reconoce un inspector de Trabajo tras asegurar que la crisis dispara las anomalías entre el personal afectado por expedientes de regulación de empleo (ERE), tanto de extinción como de suspensión o reducción de jornada laboral.
Los resultados del plan de choque contra el fraude en el cobro de prestaciones y subsidios del Inem no ha dejado de crecer, ya que hasta el pasado mes de agosto, según el Ministerio de Empleo, se realizaron 13.444 actuaciones que permitieron detectar 4.260 infracciones en compañías de toda España que daban empleo a parados con ayudas públicas, así como 6.263 casos de personas ocupadas y cobrando de forma indebida de la Administración pública. Hay que tener en cuenta que el 60% de los desempleados españoles (4.625.634 personas hasta el pasado 31 de agosto) tiene cobertura del desempleo, cifra a la que hay que añadir los perceptores del plan especial de los 400 euros para parados de larga duración y con escasas rentas familiares.
Las infracciones, cuentan los inspectores de Trabajo, son «compartidas», ya que algunos empresarios contratan a parados sin darlos de alta en la Seguridad Social. Su inscripción en estos registros, nada mas cruzar los datos, conllevaría su baja inmediata como beneficiario de prestaciones contributivas o subsidios del Servicio Público Estatal de Empleo.
«En sitios fijos y trabajadores sin apenas movilidad». Éste es uno de los casos más inspeccionados, sobre todo en establecimientos hosteleros así como en pequeños talleres», explica otro inspector de Trabajo. Estas mismas fuentes explican: «Los hay de todas las edades».
Los responsables de aplicar sobre el terreno el plan de lucha contra el fraude en el desempleo destacan la proliferación de firmas ficticias, constituidas por empresarios sin actividad y cuyo objeto es beneficiarse de prestaciones de todo tipo y defraudar a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Durante los nueve primeros meses de 2012 se realizaron 12.882 inspecciones en busca de esas prácticas irregulares, más del doble que en 2011, y se detectaron 992 casos de fraude en este ámbito, cinco veces más que el año anterior.
El proyecto de ley de lucha contra el
empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social busca «corregir la obtención
y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones por desempleo». Pero la gran
asignatura pendiente es la recaudación del importe de las liquidaciones (casi
1.000 millones de euros anuales), así como de las sanciones a las empresas
(unos 109 millones). Según los sindicatos, las penalizaciones son «teóricas»,
ya que el cobro, en muchas ocasiones, se complica por la imposibilidad de
imputar a los defraudadores, que ocultan la verdadera titularidad de las
empresas.
