El Gobierno incluirá en
el anteproyecto de Ley de Presupuestos para 2013 una revalorización de las
pensiones de un 1% y además mantendrá la compensación por la desviación del IPC
en el mes de noviembre, según confirmaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.
Madrid- El Gobierno recurrirá de nuevo al fondo
de reserva de la Seguridad Social para solucionar problemas de tesorería y
garantizar el cobro de las pensiones a lo largo del próximo año, un eje
«prioritario» de los presupuestos, según el ministro De Guindos. El gasto en
este capítulo aumentará en 2013 un 4,9%, hasta alcanzar los 121.557 millones de
euros, montante que incluye el incremento de un uno por ciento anunciado por
Rajoy.
Las previsiones del Ejecutivo son utilizar, cumpliendo «estrictamente» la ley que lo rige y por primera vez, 3.063 millones de los 69.252,4 millones con que cuenta la hucha a fecha de ayer. Ya en agosto se recurrió al capital del Fondo de Prevención de Riesgos Laborales, que pertenece a las mutuas, para utilizar 4.400 millones.
No queda otra, ya que el fondo «está para eso», según Montoro, «para garantizar la viabilidad del sistema en momentos extraordinarios como los que vivimos». Y es que, después de dos años consecutivos de déficit presupuestario (2010 y 2011), el envejecimiento de la población y el brusco crecimiento del paro han llevado a la Seguridad Social a una situación crítica. Según datos de agosto del Ministerio de Trabajo, el mes pasado había 16.895.977 cotizantes por 8.934.220 pensionistas en España. Es decir, en estos momentos hay 1,89 cotizantes por pensionista, cuando muchos economistas sitúan la sostenibilidad del sistema en un ratio de 2,5 cotizantes por perceptor de pensión.
Pero el Gobierno no se quedará ahí para garantizar las pensiones. También renuncia a su objetivo de rebajar un punto las cotizaciones de las empresas para 2013 y otro punto para 2014, y de forma suplementaria, ha trazado dos ejes de actuación para conseguirlo. Por un lado, tomará medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, endureciendo la normativa de la jubilación anticipada y la parcial. También estudiará, dentro del marco del Pacto de Toledo, otras medidas suplementarias para garantizar la sostenibilidad en los próximos años. Se acometerán, junto a la implantación progresiva del retraso de la jubilación a los 67 años, otras medidas como la reforma de las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales para combatir el absentismo (también el control de prestaciones por desempleo).
El Estado también asumirá la financiación de las prestaciones no contributivas con 6.662 millones de euros, en lugar de hacerlo, como hasta ahora, la Seguridad Social. Cumple así con los principios de separación de fuentes de financiación recogidos en el Pacto de Toledo en materia de pensiones.
Las previsiones del Ejecutivo son utilizar, cumpliendo «estrictamente» la ley que lo rige y por primera vez, 3.063 millones de los 69.252,4 millones con que cuenta la hucha a fecha de ayer. Ya en agosto se recurrió al capital del Fondo de Prevención de Riesgos Laborales, que pertenece a las mutuas, para utilizar 4.400 millones.
No queda otra, ya que el fondo «está para eso», según Montoro, «para garantizar la viabilidad del sistema en momentos extraordinarios como los que vivimos». Y es que, después de dos años consecutivos de déficit presupuestario (2010 y 2011), el envejecimiento de la población y el brusco crecimiento del paro han llevado a la Seguridad Social a una situación crítica. Según datos de agosto del Ministerio de Trabajo, el mes pasado había 16.895.977 cotizantes por 8.934.220 pensionistas en España. Es decir, en estos momentos hay 1,89 cotizantes por pensionista, cuando muchos economistas sitúan la sostenibilidad del sistema en un ratio de 2,5 cotizantes por perceptor de pensión.
Pero el Gobierno no se quedará ahí para garantizar las pensiones. También renuncia a su objetivo de rebajar un punto las cotizaciones de las empresas para 2013 y otro punto para 2014, y de forma suplementaria, ha trazado dos ejes de actuación para conseguirlo. Por un lado, tomará medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, endureciendo la normativa de la jubilación anticipada y la parcial. También estudiará, dentro del marco del Pacto de Toledo, otras medidas suplementarias para garantizar la sostenibilidad en los próximos años. Se acometerán, junto a la implantación progresiva del retraso de la jubilación a los 67 años, otras medidas como la reforma de las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales para combatir el absentismo (también el control de prestaciones por desempleo).
El Estado también asumirá la financiación de las prestaciones no contributivas con 6.662 millones de euros, en lugar de hacerlo, como hasta ahora, la Seguridad Social. Cumple así con los principios de separación de fuentes de financiación recogidos en el Pacto de Toledo en materia de pensiones.
