EN
TARRAGONA Y MADRID
MADRID, (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional
detenido a 52 personas en dos operaciones diferentes realizadas contra empresas
sin actividad que gestionaban la compraventa de contratos de trabajo y que
pertenecían a dos grupos organizados que defraudaron más de 750.000 euros a la Seguridad Social.
Según ha informado la Dirección General
de Policía, del total de detenidos, 39 están relacionados con empresas con sede
en Tarragona y 13 vinculadas a sociedades asentadas en la localidad de Madrid.
Las dos bandas cobraban de 900 a 5.000 euros a
inmigrantes en situación irregular por formalizar un contrato de trabajo que
les permitiera obtener el permiso de residencia. También ofrecían altas a
desempleados interesados en percibir subsidios por desempleo.
La primera actuación policial, desarrollada en
Tarragona, se inició a partir de la recepción de un escrito procedente de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona en el que se informaba de que una
empresa estaba simulando contrataciones laborales.
Los trabajadores figuraban en la plantilla de
personal pero los empresarios no pagaban las cuotas por tenerlos dados de alta
en el régimen de la
Seguridad Social. De esta forma habían defraudado 198.000
euros a la
Administración. Además , los supuestos trabajadores habrían
obtenido más de 160.000 euros en concepto de prestaciones y subsidios por
desempleo.
A partir de esta información, los investigadores
solicitaron al Servicio Público de Empleo Estatal de la Dirección Provincial
de Tarragona un informe detallado de la relación de trabajadores de esta
empresa en el que figurasen las cuantías percibidas por prestación y/o subsidio
por desempleo, generadas por su cotización en la citada compañía.
PRIMERAS
DETENCIONES
En una fase inicial de la investigación, los agentes
de la Brigada
de Extranjería Reus detuvieron a los tres administradores de la empresa, así
como a otro individuo encargado de reclutar gente dispuesta a comprar los
contratos.
Posteriormente fueron arrestados cuatro supuestos
trabajadores de una de las mercantiles investigadas, los cuales tenían su
domicilio en la localidad de Reus. El operativo policial desplegado en
diferentes plantillas a raíz de los datos obtenidos culminó con la detención de
otras 31 personas --en Tarragona, Girona, Guadalajara, Palma de Mallorca,
Melilla, Bilbao y Elche (Alicante)-- como presuntos responsables de
los delitos de falsedad documental y estafa.
En el transcurso de la investigación los agentes
averiguaron que los responsables de la red captaban a sus clientes, bien
personalmente o valiéndose de supuestos trabajadores de la empresa, y les
ofrecían un contrato de trabajo que permitiera regularizar su situación en
España.
Los interesados, mayoritariamente personas de
nacionalidad marroquí, obtenían previo pago de 3.000 euros un contrato de
trabajo. Además, recibían asesoramiento sobre los trámites a seguir para
obtener la tarjeta de residencia y así legalizar su situación en el país.
Una segunda vía de defraudación consistía en ofrecer
la posibilidad de acceder al cobro de prestaciones y subsidios por desempleo.
Para ello los empresarios solicitaban una cuota de 400 euros por cada mes que
los trabajadores permanecían dados de alta en el sistema de la Seguridad Social.
Este importe en ningún caso se utilizaba para pagar cuotas a la Seguridad Social ,
por lo que todo el dinero aportado suponía un beneficio para ellos.
Tras dar de baja a los supuestos trabajadores, les
facilitaban toda la documentación necesaria -contrato de trabajo, nóminas y
certificados de empresa- para que pudieran cobrar la prestación por desempleo.
De esta manera obtenían hasta 900 euros al mes, lo que suponía un beneficio de
unos 500 euros.
DETENCIONES
EN MADRID
La segunda investigación se inició a raíz de una
denuncia interpuesta en la BCRI
en la que se informaba a los agentes de la existencia una red dedicada a la
compraventa de contratos de trabajo a ciudadanos extranjeros de nacionalidad
marroquí, colombiana, española y boliviana para regularizar su situación
administrativa en España. Esta vez el dispositivo se realizó en Madrid, donde
los agentes localizaron varias empresas sin actividad, con sede social en la
capital.
En total, la banda realizó una defraudación a las
arcas del Estado de 397.669 euros. Los responsables cobraban cantidades de
entre 900 y 5.000 euros a ciudadanos extranjeros a cambio de ofertas de
contratos y asesoramiento en los trámites para conseguir la tarjeta de
residencia en nuestro país.
Además vendían contratos por 900 euros a presos que
se encontraban en tercer grado para poder salir de prisión en régimen de
libertad condicional. También los implicados en la trama ganaban entre 400 ó
500 euros por cada contrato de trabajo que realizaban a ciudadanos españoles.
En una ocasión percibieron 1.100 euros a cambio de
simular un mes de alta en la Seguridad Social de un empleado de la
construcción para que consiguiese la prestación por desempleo. La operación ha
culminado con la detención de 13 personas acusadas de fraude fiscal, falsedad
documental y estafa.
La primera operación ha sido llevada a cabo por
la Brigada Central contra las Redes de Inmigración -GOE III- de la UCRIF Central , la BLED de Reus (Tarragona) y la BPED de Tarragona, UCRIF
Grupo II, en colaboración con las BPED de Melilla, Girona, Bilbao, Guadalajara,
Palma de Mallorca y Elche (Alicante).
La segunda investigación ha sido realizada por
agentes del GOE III de la
Brigada Central contra las Redes de Inmigración y el Servicio
Central Operativo de Falsedades Documentales, ambos de la UCRIF Central , junto
las Brigadas Provinciales de Extranjería de Madrid y San Sebastián.
