"Cuando vamos fuera tenemos que
pagar la asistencia o lo tiene que hacer nuestra Seguridad Social", afirma
el director de la
Cartera Básica de Servicios del Sistema de Salud
El director general de la Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, dio ayer,
jueves, otra vuelta de tuerca a la ceremonia de confusión que ha orquestado su
departamento respecto a la atención de los
inmigrantes en situación irregular que
estén recibiendo un tratamiento crónico. Estos se quedarán sin tarjeta -y,
en teoría, sin acceso al sistema sanitario público- el próximo 31 de agosto.
Pero Rivero aseguró que los sin papeles crónicos serán atendidos y se pasará la
factura a sus países de origen. "Se les enviará por la asistencia que se
les ha prestado aquí", afirmó.
En declaraciones realizadas a Radio
Nacional de España, Rivero indicó que esta situación es la que afrontan los
españoles al visitar otras naciones. "Cuando vamos a otros países tenemos
que pagar [la asistencia sanitaria] o lo tiene que costear nuestra Seguridad
Social", argumentó. Según Rivero, existen "bastantes" convenios
de colaboración bilateral con otros países. Rivero no aclaró, sin embargo, qué
va a pasar si no existe ese convenio con el país de origen, o si se trata de
países donde el tratamiento recibido en España no está cubierto por la sanidad
pública.
Rivero
-con quien este periódico ha intentado contactar sin éxito- señaló que será el
médico el que decida si la atención al inmigrante irregular es urgente "y
hay que tratar a ese paciente". "No puede ser otra persona" la
que tome la decisión, señaló, porque solo el médico sabe si acarrea riesgo
vital no someterse a un tratamiento. Según el responsable sanitario, si no se
toman las medidas asistenciales necesarias se puede adquirir una patología
"mucho más compleja de la que se tiene en un momento dado". Con estas
declaraciones parece que Rivero vuelve a la versión inicial del Ministerio de
Sanidad: que solo se atenderán las urgencias. Si se aplicara esto en un sentido
estricto, no hay mejora respecto a lo que se sabe hasta ahora. Si se usara un
criterio amplio, todos los inmigrantes sin papeles podrían recibir atención, ya
que su situación siempre puede empeorar si no se trata al principio. En ambos
casos existe el riesgo de que los servicios de urgencias se vean colapsados por
este tipo de consultas, tal como han advertido recientemente los responsables
de la Sociedad
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes).
El
propio Rivero admitió la dificultad para implantar este sistema de cobro de los
servicios al anotar que "posteriormente se tendrá que ver quién es el que
financia esa asistencia que se ha dado. Hay que ver cómo se va a realizar el
pago de esas asistencias". No queda claro si la factura será remitida al
inmigrante en caso de que el país de origen no abone la misma.
En
este baile de declaraciones también ha intervenido el portavoz de Sanidad del
PP en el Congreso, Manuel Cervera, en declaraciones a la Cope. "Aquí nadie se va
a quedar sin ningún tratamiento, lo que pasa es que vamos a ser eficientes en
la gestión de saber quién entra en un centro sanitario y qué derechos tiene. Lo
hacen en Europa y lo vamos a hacer nosotros porque, aunque vamos a ser menos
restrictivos, si no lo hacemos corremos el riesgo de seguir endeudándonos más
que los demás", ha aseverado. De nuevo, Cervera repite el lema de que
nadie se va a quedar sin ser atendido, pero no detalla cómo.
Una
duda que comparten enfermos, asociaciones de inmigrantes y personal del
sistema público de salud, que
insisten en que no tienen instrucciones sobre qué hacer el 1 de septiembre con
estos casos, aparte de dejarlos fuera del sistema porque sus tarjetas
sanitarias van a ser desactivadas.
Según
Cervera, uno de los principales objetivos del Gobierno es "detener"
esta inmigración para hacerla "regular" y conseguir que los extranjeros
"vengan a España con un contrato de trabajo".
