Agentes de Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial
de Extranjería y Fronteras, en el ámbito de sus funciones de vigilancia y
control del régimen de extranjería, han detenido a 85 personas por estancia
irregular en el marco de la operación 'Odisea'.
Los agentes, según ha informado la Delegación del Gobierno
en nota de prensa, iniciaron las actuaciones desde principios del mes de enero
de este año, al tener conocimiento de un aumento considerable de las
solicitudes de autorización de residencia y trabajo en la Oficina Única de
Extranjería de Ciudad Real por parte de extranjeros no comunitarios.
Dichas personas, pretendían regularizarse en el país
por la vía excepcional de arraigo social del artículo 124.2 del Real Decreto
557/2011, presentando continuos precontratos de trabajo con empleadores de la
provincia, en especial en la actividad de empleadas domesticas y agricultura.
El servicio se inicia con la colaboración de la Sección de Trabajo de la Oficina de Extranjería de la Subdelegación de Gobierno
en Ciudad Real, que a requerimiento de esta unidad policial, facilita un
listado de las solicitudes presentadas de autorización de residencia temporal
por la circunstancia excepcional de "arraigo social" durante el año
2011, que ascendían a más de 400 solicitudes, y ante la circunstancia de que
muchos de los extranjeros solicitantes, al serle denegada la autorización,
inmediatamente presentaban una nueva solicitud.
Muchos de los solicitantes de este tipo de
autorización, añade la
Delegación del Gobierno, tienen decretada una resolución de
expulsión por la autoridad gubernativa, pendiente de ser ejecutada, y para
poder acceder a una tarjeta de residencia en España.
De este modo, suelen comprar, por cantidades de
dinero de entre 1.000 a
2.000 euros, contratos de trabajo que le ofertan puestos de trabajo irreales e
imaginarios en empresas.
Asimismo, muchas de las empresas que facilitan los
contratos de trabajo, tienen deudas tributarias con las Administraciones, que
producen la denegación automática de las autorizaciones solicitadas, obligando
nuevamente al extranjero a conseguir un nuevo contrato de trabajo por dinero,
para presentar una nueva solicitud de residencia en España, evitando de esa
forma que pueda ser expulsado.
La investigaciones continuaron con las pesquisas para
localizar a los extranjeros y a sus empleadores, solicitantes de este tipo de
autorización de residencia, al objeto de averiguar y comprobar si los contratos
de trabajo formalizados se corresponden con puestos de trabajo reales, o por el
contrario, son realizados a cambio de dinero y con la única
finalidad de que el extranjero extracomunitario se regularice en el país.
Los resultados que, hasta el momento, arroja la
investigación son 85 detenidos, por permanencia irregular en nuestro país; 144
expedientes administrativos de expulsión, y 123 Informes a la Subdelegación de
Gobierno en Ciudad Real.
Diariocrítico
