Juicio por la muerte de un mecánico en un
concesionario de coches
Visto para
sentencia quedó ayer en la sala de vistas del juzgado de lo penal 2 de Ourense
el juicio por un accidente laboral que tuvo lugar en el taller de un
concesionario de automóviles de San Cibrao el 4 de noviembre del 2008. Jesús T.
Á. de 48 años y mecánico de profesión, murió aplastado tras caer sobre él un
turismo que previamente había sido izado en un elevador.
El representante legal de la empresa Garza Automoción, José
Antonio G. L. y el jefe del taller, Roberto N. S., se sentaron ayer en el banquillo
de acusados para responder por los delitos de imprudencia con resultado de
muerte y contra los derechos de los trabajadores que les imputan el Ministerio
Fiscal y la propia familia de la víctima, personada en el caso como acusación
particular. Las penas que reclaman oscilan entre uno y cinco años de cárcel.
Pese a estas imputaciones que los responsabilizarían a los dos de
lo ocurrido, ambos acusados aseguraron en la vista que en el taller en el que
tuvo lugar el accidente se cumplían todas las medidas de prevención de riesgos
laborales, rechazando que lo ocurrido se hubiese producido infracción alguna de
las normas.
Fallos en el elevador
Lejos de aceptar esta versión, las acusaciones mantuvieron los
cargos porque creen que existieron fallos que provocaron la tragedia. Así, se
habría producido un problema en el dispositivo mecánico del enclavamiento
automático del brazo del elevador. Además, se habría utilizado «un «inadecuado
método de trabajo, usando un sistema de sujeción del vehículo no previsto en el
manual de instalación», según las acusaciones, que consideran por último que no
había un procedimiento de trabajo seguro.
Tras declarar todos los testigos y peritos citados, precisamente
la ausencia de uno de ellos provocó hace un mes que se tuviese que aplazar la
vista, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones. El fiscal reclamó
una pena de un año de cárcel más el pago de una multa. La acusación particular,
que aprecia los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos
laborales, reclama cinco.
