La muerte de dos jóvenes trabajadores de
mantenimiento de la Autovía
del Pirineo (A-21), atropellados por un conductor que también falleció en el
accidente -los dos primeros vecinos de Estella-Lizarra y la otra víctima de
Sangüesa, todos ellos jóvenes de 23, 24 y 26 años de edad- es el trágico
balance del último accidente laboral en Navarra. Es cierto que las
circunstancias del accidente están aún bajo investigación y que pudieron
confluir factores como la niebla o la velocidad en carretera, pero la realidad
de la siniestralidad eleva ya a nueve las muertes en el trabajo en lo que va de
este año 2012 en Navarra. Queda para la investigación posterior delimitar las
responsabilidades de cada cual pero no es aventurado afirmar que un accidente
laboral, más aún con resultado de muertes, es un fracaso colectivo sin
paliativos, como ya denunciaron ayer mismo las organizaciones sindicales, que
exigen una exhaustiva investigación de los hechos al Gobierno de Navarra. Más
aún cuando el accidente tuvo lugar cuando los trabajos de mantenimiento se
desarrollaban después de que la
Autovía del Pirineo hubiese estado cerrada al tráfico 48
horas tras las fuertes lluvias del pasado fin de semana y acabase de ser
reabierta a la circulación. Aunque las últimas cifras apuntaban a un descenso
de la siniestralidad, este trágico accidente no debiera quedar como un suceso
laboral o de tráfico más que pase a engrosar la fría lista de muertos y heridos
de la siniestralidad laboral o viaria de este 2012. Y, sin embargo, una y otra
vez se repite la fatalidad y permanece una sensación de desasosiego. La
fatalidad en el trabajo tiene que ver en ocasiones con descuidos de los propios
trabajadores, pero en muchas otras con la falta de prevención y la laxitud con
que las empresas interpretan sus propios reglamentos de seguridad y los que
rigen en el sector en que desarrollan su labor. Una descontrol creciente de las
normativas de seguridad que parece haber aumentado al amparo de la crisis y los
recortes. Porque además de la realidad de factores objetivos como la
subcontratación -de hecho, los trabajadores fallecidos ayer pertenecían a una
empresa subcontratada-, la precariedad o en ocasiones la falta de cualificación
profesional, la pérdida de derechos sociales y laborales y la consideración del
trabajo como un gasto y no como un valor añadido, aumentan una desregulación
laboral donde se origina la siniestralidad mortal. Es, por tanto, una fatalidad
en gran medida evitable.