Cajasol le concedió un préstamo de 123.000 euros, para
pagar un piso de 66.000 euros. La mujer «no sabe hablar, escribir o comprender
correctamente el castellano»
Una nigeriana
residente en Sevilla ha denunciado haber sido víctima de una estafa al obtener un préstamo hipotecario por el doble del valor del
piso que iba a
comprar y sin que nadie comprobase su «precariedad laboral» pues ganaba 500 euros al mes y su contrato parcial se extinguía
en dos meses.
En su denuncia, a la que ha tenido acceso Efe, Joy-Anna I.
afirma que el 25 de marzo de 2008 firmó un contrato de compraventa de una
vivienda en la calle Luis Ortiz Muñoz de Sevilla por un precio de 66.000 euros.
Ese mismo día, Cajasol le concedió un préstamo de 123.000 euros con un plazo de 480 meses sin exigirle avalistas solidarios,
garantías o alguna de las 19 exigencias que, según la denuncia, se piden en
estos casos como contrato de trabajo, nóminas, IRPF, Vida Laboral o movimientos
bancarios de los últimos meses.
Además, la dueña de la
inmobiliaria que le vendió el piso, Olga G.E., le indicó que «aligerara los
trámites de la firma», ya que su contrato de trabajo como limpiadora a tiempo
parcial se acababa, sin perspectivas de renovación, como así ocurrió, por lo
que a partir de entonces la denunciante tuvo que recurrir a la ayuda de Cáritas
y otras ONG.
En su denuncia, el abogado Luis Manuel Ventura afirma que la
nigeriana «no sabe hablar, escribir o comprender correctamente el
castellano» y se
embarcó en la hipoteca aconsejada
por compatriotas que
le hablaron de «las enormes
ventajas de comprar en lugar de arrendar» y que «si la compraba pagaría lo mismo
o menos que un alquiler».
Asegura que la dueña de la inmobiliaria, situada en Dos Hermanas
(Sevilla), pagaba 150 euros a cada nigeriano que le llevase a compatriotas y
luego comprase alguna vivienda, y añade que muchos de los que suscribieron contratos con la misma
inmobiliaria y el mismo banco «ya han sido
desahuciados de sus viviendas al no poder hacer frente al pago de
sus hipotecas».
La juez de instrucción 12 de Sevilla ha archivado la denuncia
porque los hechos no son constitutivos de delito, ya que «la situación laboral
de la denunciante era muy precaria para embarcarse en una deuda tan grande», ella misma se «aventuró en deudas para las que no tiene la
solvencia económica», y «ello no es infracción penal pues no
hay engaño por parte de nadie».
Lo único acreditado es que la nigeriana «sin tener ingresos, se aventuró a comprar con hipoteca»,
según la juez.
El abogado de la nigeriana
ha recurrido ante la Audiencia provincial porque la juez de instrucción no
realizó «la más mínima diligencia tendente al esclarecimiento de los hechos»,
ni siquiera la toma de declaración a la denunciante, y se pregunta «como se
puede llegar a la convicción del archivo» en esas circunstancias.
