La
Sala considera acreditadas las razones económicas y de organización que alegó
el equipo de gobierno del PP para despedir a 176 trabajadores por el
"sobredimensionamiento" de la plantilla
El expediente
de regulación de empleo (ERE) que culminó el Ayuntamiento de Estepona a finales
de julio y que supuso el despido de 176 empleados laborales que habían accedido
a su puesto de trabajo sin someterse a un proceso de selección se ajusta a
derecho. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
Málaga, que dejó el pleito visto para sentencia el miércoles de la semana
pasada, falló ayer a favor de los ceses, los primeros que aplica un
ayuntamiento malagueño.
La Sala considera acreditadas las razones económicas y de organización que alegó el equipo de gobierno, del PP, para aplicar el despido colectivo. La insuficiencia que presentan las arcas municipales, según la sentencia, tiene carácter legal de persistente, con lo que el ejecutivo local puede acogerse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entró en vigor el uno de mayo de 2012, que contempla como una causa de despido tres trimestres consecutivos de escasez presupuestaria sobrevenida y persistente. El juez se remite a datos que el ejecutivo municipal entregó a los representantes legales de los empleados durante la negociación del expediente que evidencian que el déficit del remanente de tesorería del Consistorio pasó de los 64,3 millones de euros en2008
a los 43,5 que se registraba el 31 de mayo de este
ejercicio y que el Ayuntamiento adeudaba 4,6 millones a la Agencia Tributaria a
uno de junio y 28,3 millones a la Seguridad Social a 31 de mayo.
La Sala valora también que el Gobierno central retuviera a principios de este año la totalidad de los fondos que el Ayuntamiento obtiene a través de la Participación del municipio en los Ingresos del Estado, lo que conllevará una reducción de 11 millones en la recaudación líquida del Consistorio este ejercicio y que el Ayuntamiento sea responsable de las cuantías que adeudan las sociedades municipales a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.
La condición de "sobrevenida" de la escasez presupuestaria se debe, según la sentencia, a los recortes por valor de seis millones de euros en Personal que el Consistorio tuvo que aprobar en primavera para recibir un crédito de unos 60 millones de euros del Gobierno central con el que liquidar deudas con los proveedores.
Las causas de organización que alegó el equipo de gobierno para justificar el ERE es el "sobredimensionamiento", recoge la sentencia, de la plantilla de trabajadores laborales del Ayuntamiento. El excesivo número de este tipo de empleados, según el fallo, supuso que el gasto en Personal absorbiera el 85 por ciento de la recaudación ordinaria del Consistorio en 2010. El Ayuntamiento contaba con 1362 empleados en diciembre, señala la sentencia. Las externernalizaciones que emprendió el equipo de gobierno a finales del año pasado y principios de este supusieron que en mayo hubiera 1.084. En septiembre, tras el despido colectivo, quedan 781, sin contar con los empleados laborales temporales, que oscilan entre los 50 y los 100. El descenso de los empleados ha obligado al equipo de gobierno a reubicar a parte de los trabajadores, algunos de los cuales han presentado demandas judiciales.
El juez considera "un ejercicio de transparencia" que el equipo de gobierno filtrara la lista de los empleados afectados por los despidos días antes de que votaran entre los ceses o una reducción salarial del 22,7, elección que podría haber evitado el ERE, y no ve ilegalidad en que el concejal de Economía, Manuel Aguilar, comunicara a ocho empleados que iban a ser despedidos la tarde antes de que el ejecutivo municipal informara a la Autoridad Laboral y al comité de empresa del Consistorio el inicio del expediente.
La Sala considera acreditadas las razones económicas y de organización que alegó el equipo de gobierno, del PP, para aplicar el despido colectivo. La insuficiencia que presentan las arcas municipales, según la sentencia, tiene carácter legal de persistente, con lo que el ejecutivo local puede acogerse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entró en vigor el uno de mayo de 2012, que contempla como una causa de despido tres trimestres consecutivos de escasez presupuestaria sobrevenida y persistente. El juez se remite a datos que el ejecutivo municipal entregó a los representantes legales de los empleados durante la negociación del expediente que evidencian que el déficit del remanente de tesorería del Consistorio pasó de los 64,3 millones de euros en
La Sala valora también que el Gobierno central retuviera a principios de este año la totalidad de los fondos que el Ayuntamiento obtiene a través de la Participación del municipio en los Ingresos del Estado, lo que conllevará una reducción de 11 millones en la recaudación líquida del Consistorio este ejercicio y que el Ayuntamiento sea responsable de las cuantías que adeudan las sociedades municipales a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.
La condición de "sobrevenida" de la escasez presupuestaria se debe, según la sentencia, a los recortes por valor de seis millones de euros en Personal que el Consistorio tuvo que aprobar en primavera para recibir un crédito de unos 60 millones de euros del Gobierno central con el que liquidar deudas con los proveedores.
Las causas de organización que alegó el equipo de gobierno para justificar el ERE es el "sobredimensionamiento", recoge la sentencia, de la plantilla de trabajadores laborales del Ayuntamiento. El excesivo número de este tipo de empleados, según el fallo, supuso que el gasto en Personal absorbiera el 85 por ciento de la recaudación ordinaria del Consistorio en 2010. El Ayuntamiento contaba con 1362 empleados en diciembre, señala la sentencia. Las externernalizaciones que emprendió el equipo de gobierno a finales del año pasado y principios de este supusieron que en mayo hubiera 1.084. En septiembre, tras el despido colectivo, quedan 781, sin contar con los empleados laborales temporales, que oscilan entre los 50 y los 100. El descenso de los empleados ha obligado al equipo de gobierno a reubicar a parte de los trabajadores, algunos de los cuales han presentado demandas judiciales.
El juez considera "un ejercicio de transparencia" que el equipo de gobierno filtrara la lista de los empleados afectados por los despidos días antes de que votaran entre los ceses o una reducción salarial del 22,7, elección que podría haber evitado el ERE, y no ve ilegalidad en que el concejal de Economía, Manuel Aguilar, comunicara a ocho empleados que iban a ser despedidos la tarde antes de que el ejecutivo municipal informara a la Autoridad Laboral y al comité de empresa del Consistorio el inicio del expediente.
