EUROPA_PRESS
El Gobierno establecerá
sanciones proporcionales a las cantidades defraudas en algunos tipos de
infracción a la Seguridad Social, en lugar de multar con cantidades fijadas por
tramos como sucedía hasta la fecha.
Así consta en una de las diez
enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de Lucha contra el Empleo
Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, que recoge Europa Press.
Por ejemplo, cuando no se
ingresen las cuotas correspondientes o en el plazo debido, habiendo presentado
los documentos de cotización y siempre que la falta de ingresos "no
obedezca a una situación extraordinaria" y que el impago no sea
constitutivo de delito según el Código penal, se deberá abonar entre un 50 y un
65% del importe defraudado en los casos leves, entre un 65 y un 80% en los
medios, y entre un 80 y un 100% en los graves.
PENAS MAS ALTAS
Estos porcentajes se elevan
cuando los impagos se produzcan sin haber presentado los documentos de
cotización a la Seguridad Social. En estos casos, y siempre que no sea delito,
las sanciones leves serán de entre el 100 y el 115% de lo defraudado, las
medidas del 115 al 130%, y las graves del 130 al 150%.
En cuanto al fraude por
retener indebidamente una parte de la cuota que se ha descontado a los
trabajadores o cuando se han efectuado descuentos superiores a los legalmente
establecido se castigará con entre un 100 y un 115% de lo defraudado si la
sanción es mínima, entre un 115 y un 130% si es media, o entre un 130 y un 150%
si es la máxima.
En el resto de casos de
fraude a la cotización a la Seguridad Social que recoge la norma, las multas
son cantidades que van de 3.000
a 187.000 euros aproximadamente, independientemente de
la cuantía defraudada.
Además, otra enmienda de los
'populares' prevé que los empresarios que incurran en determinados supuestos
pierdan las ayudas y bonificaciones de forma "automática" siempre que
haya una resolución sancionadora o una sentencia judicial firme en el caso.
Además de ser sancionadas,
las empresas que cometan infracciones muy graves por discriminación directa o
indirecta por razón de sexo y que no elaboren o apliquen el preceptivo Plan de
Igualdad o contravengan la resolución de la Autoridad Laboral perderán las
ayudas, bonificaciones o beneficios que tuvieran de forma automática, en lugar
de a propuesta del funcionario de la Inspección de Trabajo. Esta medida podrá
aplicarse entre seis meses y dos años, en lugar de sólo durante el medio año
que se reconocía hasta la fecha.
COMPETENCIAS SANCIONADORAS
Con sus enmiendas, el Grupo
Popular precisa también a quién corresponden las competencias sancionadoras
según el tipo de la infracción que se esté evaluando, así como qué órgano o
institución puede decidir ampliar un plazo de inspección.
En la misma línea, se recoge
de forma expresa la facultad de la Tesorería General de la Seguridad Social de
"revisar de oficio las inscripciones de empresas ficticias", así como
que esas revisiones dejan "sin efectos la inscripción de la citada empresa
en el sistema de Seguridad Social". "De este modo, la inscripción
indebida no produce ningún tipo de consecuencias jurídicas", añade la
enmienda.
Finalmente, se incluye el
procedimiento de notificación electrónica a través del Tablón de Edictos en los
casos que la administración no pueda contactar al interesado, y se incluyen
nuevas exenciones a la eliminación de las bonificaciones al empleo. Así, además
de los supuestos recogidos en la Reforma Laboral y en otras medidas del
Gobierno, también habrá bonificaciones en las contratación de personas con
discapacidad, empresas de inserción o enclaves laborales, entre otros.
EL LUNES, ENMIENDA DE
TOTALIDAD
El proyecto de ley de Lucha
contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, que fue aprobado
por el Consejo de Ministros a principios de septiembre, pasará su primer examen
en el Congreso este lunes, cuando se someterá a debate la enmienda de totalidad
presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).
Una vez rechazada gracias a
la mayoría absoluta del PP, el texto pasará a Ponencia y, posteriormente, las
enmiendas que queden vivas del centenar presentado por la oposición se
debatirán en la Comisión de Empleo.
En paralelo, las Cortes están
tramitando otros dos proyectos de ley de lucha contra el fraude: uno para
modificar el Código Penal y tipificar algunas actuaciones como delito, y otro
específico para el fraude fiscal que está en tramitación en el Senado tras
haber sido aprobado el pasado 2 de octubre por competencia legislativa plena de
la Comisión de Hacienda del Congreso, con las únicas incorporaciones de las
enmiendas del PP y tras haberse rechazado 120 propuestas de la oposición y una
enmienda de totalidad de IU-ICV-CHA.
