La Fiscalía acusa a 334 personas por un
fraude a la Seguridad Social superior a los cinco millones
La Fiscalía de Granada acusa a un total de 334 personas en el caso que ha
investigado el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, enmarcado en la
denominada 'Operación Genil', sobre un posible fraude de prestaciones y
subsidios por desempleo a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), que ascendería a unos cinco millones de euros.
Los presuntos cabecillas de la trama, basada en un
sistema de 'empresas fantasma' para cobrar prestaciones sociales, los
empresarios Carlos I.A.N, Juan R.C.C., Ángel S.A, se enfrentan, junto con otros
representantes de otras sociedades, en concreto Rodolfo G.P., Juan C.M.F.,
Manuel F.R, Jesús R.C., y María Luisa H.S. a un total de 18 años de prisión por
seis delitos de fraude de subvenciones y multas de más de 2,6 millones de
euros, además de a la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas
públicas y a obtener beneficios o incentivos fiscales por un periodo de cuatro
años, según consta en el escrito de acusación del fiscal, al que este martes ha
tenido acceso Europa Press.
Al resto de los acusados, un total de 326
trabajadores contratados de manera presuntamente fraudulenta, le atribuye el
Ministerio Público un delito continuado de falsedad en documento oficial, por
el que cada uno de ellos se enfrenta a una condena de tres años de prisión y
multa de 3.600 euros.
De manera alternativa, el fiscal pide para los ocho
primeros, por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito
continuado de falsedad en documento oficial, seis años de prisión para cada uno
de ellos y multa de 18.000 euros, y a los restantes 326 acusados, también
alternativamente, tres años de cárcel y multas de 3.600 euros por posible
estafa.
Según la Fiscalía, los ocho principales imputados se
pusieron "previamente de acuerdo" y "urdieron un plan
directamente encaminado a conseguir de manera fraudulenta y mediante
engaño" la obtención de prestaciones y subsidios por desempleo mediante la
creación de un entramado de sociedades, en ocasiones mediante personas
interpuestas, con la finalidad de defraudar al Servicio Público de Empleo
Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social a cambio de una
cantidad de dinero no determinada que, en cada caso, era entregada por el
supuesto trabajador.
Para ello, los acusados tramitaron las altas de los
ficticios trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social a través de
numerosas sociedades creadas al efecto, mediante la presentación en el INEM de
un contrato de trabajo elaborado expresamente para ello aún conociendo que no
iban a ser prestados los servicios que en el mismo constaban, permaneciendo el
trabajador de alta durante el tiempo imprescindible para acceder al subsidio o
prestación por desempleo.
De la misma forma los acusados presentaban ante el
Servicio Público de Empleo Estatal la documentación necesaria para acceder a
las prestaciones y subsidios, en particular, el certificado de empresa
facilitado por el empresario al trabajador que acreditaba el periodo de tiempo
en que había supuestamente prestado los servicios y el documento que acreditaba
el cese de la relación laboral.
Para la consecución de dichos fines, Carlos I.A.N.,
Juan R.C.C. y Ángel S. A., bien por sí solos, bien a través de alguno de los
restantes acusados, constituyeron y administraron un total de 11 sociedades con
distintos domicilios en Granada dedicadas todas ellas "ficticiamente"
a la actividad de la construcción.
Así, los inculpados, procedieron a dar de alta a esas
empresas en el sistema RED de la Seguridad Social, empresas todas ellas sin
actividad real, sin domicilio social y fiscal real, sin centro de trabajo y sin
los medios materiales necesarios para prestar los supuestos trabajos en el
sector de la construcción.
Seguidamente los principales procesados, simulando
íntegramente una relación laboral inexistente, conociendo que nunca iban a ser
prestados los trabajos, tramitaron en la Seguridad Social numerosas altas de
trabajadores previa la elaboración del correspondiente contrato de trabajo
ficticio que era presentado ante el Servicio Público de Empleo Estatal,
manteniendo a los trabajadores en esta situación de alta laboral durante el
tiempo suficiente para poder acceder a las prestaciones y subsidios por
desempleo y sin abonar nunca las correspondientes cotizaciones a la Seguridad
Social.
A continuación, simulando igualmente el cese en la
relación laboral los acusados presentaron ante el SPE la documentación
necesaria para la consecución de su objetivo, en particular el documento
elaborado en su integridad por el trabajador a quien beneficiaba de común
acuerdo con los organizadores, en el que se acreditaba el cese de la relación
laboral así como el certificado de empresa facilitado por el empresario en el
que constaba el tiempo de trabajo, la cualificación profesional y la
remuneración percibida por los supuestos trabajadores, de forma que obtuvieron
y les fueron abonadas las prestaciones y subsidios de desempleo y generaron
periodos de carencia para la percepción futura de prestaciones por desempleo y
de seguridad social (incapacidad temporal o permanente, maternidad, jubilación,
o viudedad).
En otras ocasiones la finalidad directamente
perseguida era el "favorecimiento" en la concesión de permisos de
trabajo a ciudadanos extranjeros a través de los certificados de empresa
correspondientes, según el relato del fiscal.
El total de las prestaciones y subsidios concedidos
indebidamente asciende a la cantidad de 2.500.959,75 euros, cantidad que el
fiscal solicita que abonen los ocho principales imputados en concepto de
responsabilidad civil al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM). Asimismo,
el Ministerio Público pide al resto de los 326 inculpados que abonen el dinero
del que se beneficiaron presuntamente de manera fraudulenta, que asciende a un
total cerca de 2,5 millones de euros, en cantidades que oscilan desde los
463,05 hasta los 24.275,6 euros.
