La Policía Nacional,
en el marco de la operación Alamillo, ha detenido a cuarenta personas, todas
ellas de nacionalidad marroquí, acusadas de simular relaciones laborales con
una empresa del sector de la construcción, ubicada en Mazarrón, para después
cobrar las prestaciones por desempleo.
La Policía Nacional, en el marco de la operación Alamillo, ha
detenido a cuarenta personas, todas ellas de nacionalidad marroquí, acusadas de
simular relaciones laborales con una empresa del sector de la construcción,
ubicada en Mazarrón, para después cobrar las prestaciones por desempleo.
Según
han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia, estas
detenciones se han producido en el último mes, en colaboración con la
Inspección Provincial de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), tras las investigaciones iniciadas el pasado mayo, al
detectarse la tramitación fraudulenta de altas en la Seguridad Social.
Así,
el pasado julio se detuvo al responsable de la empresa mencionada, un español
de 39 años, como presunto responsable de diversos delitos de fraude
a la Seguridad Social y falsedad documental, quien, junto a un ciudadano
marroquí de 43 años, que contaba con diversos antecedentes policiales por
falsedad documental, simularon la contratación de un elevadísimo número de
trabajadores durante los dos últimos años.
Según
las mismas fuentes, a finales de 2009, en plena crisis económica, se detectó
"un incremento desmesurado" en la contratación de empleados en la
citada empresa, la cual carecía de actividad tanto laboral como económica, ya
que habían cesado todas sus operaciones mercantiles.
Pese
a todo, entre 2010 y 2011 se simuló la contratación de unos trescientos
trabajadores, quienes eran dados de alta y, posteriormente, despedidos, tras
cumplir el tiempo necesario para completar los periodos de cotización exigidos
legalmente para el acceso a las prestaciones por desempleo.
En
otras ocasiones, estos trabajadores pretendían acceder a permisos de
residencia, a sus renovaciones o a beneficiarse del derecho a la reagrupación
familiar previsto en la Ley de Extranjería.
Según
las mismas fuentes, esta empresa, durante esos dos años, contrató a más de
setenta mujeres, y se ha podido comprobar que unos cincuenta "falsos
empleados" residían fuera de la provincia de Murcia, algunos en provincias
tan distantes como Lugo,
Álava, Cantabria o Gerona.
Otra
de las artimañas utilizadas era permitir el empadronamiento conjunto de varios
trabajadores en algunos domicilios de la provincia de Murcia, si bien éstos
realmente se encontraban fuera de la provincia, e incluso de España.
Las
fuentes han explicado que el empresario cobró distintas cantidades de dinero a
los extranjeros a cambio de mantenerlos de alta en la Seguridad Social durante
los periodos que éstos necesitaban para los fines referidos, sin que los mismos
llegasen "en ningún momento" a realizar actividad laboral alguna.
Por
parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se han anulado todos los
movimientos de alta y baja de los investigados, que han generado una deuda con
la Seguridad Social por impago de cuotas y demás conceptos de recaudación de
medio millón de euros.
Además,
el SEPE procedió a la extinción/revocación de las prestaciones indebidamente
generadas, que se aproximarían al millón de euros.
La
operación ha sido desarrollada por la Brigada de Extranjería y Fronteras de
Cartagena, en colaboración con la Comisaría General y de la Brigada de
Extranjería de Lorca.
(Agencia
EFE)
