En los seis primeros meses del año se han descubierto 40.000 empleos irregulares
El
País / EFE
El Gobierno ha anulado el tope máximo
de la cuantía de las sanciones por fraude laboral y a la seguridad social, que
estaba en 187.515 euros, y ha reforzado el trabajo de los inspectores para
hacer aflorar la economía sumergida. Así consta en el anteproyecto de Ley
ordinario que el Consejo de Ministros ha aprobado remitir al Consejo Económico
y Social y que se incluye dentro del Plan de lucha contra el empleo irregular y
el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-2013.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, ha asegurado que España necesita un cambio de mentalidad para
erradicar conductas ilegales como cobrar prestaciones indebidas o crear
empresas ficticias para cobrar subvenciones. El anteproyecto, que cambia varias
leyes, eleva el rango de las sanciones y tipifica como "infracción muy
grave" cuando, por ejemplo, una empresa utiliza a trabajadores afectados
por ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornadas y les hace ir a
trabajar.
Según Sáenz de Santamaría se ha detectado un fraude
"importante" en las empresas que han realizado ERE o despidos
colectivos, por lo que ha insistido en que se reforzará el control y la
vigilancia. Al respecto, ha recordado que en los seis primeros meses del año se
han descubierto 40.000 empleos irregulares, 800 infracciones y cerca de 14.000
contrataciones falsas.
"Se ha visto que a 26 de junio había 4.500 trabajadores que
cobraban un salario y una prestación a la vez", ha incidido. Los objetivos
de la futura ley son hacer aflorar economía sumergida y generar recursos al
Sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales. También
persigue combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o
reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Las multas se incrementarán porcentualmente cuando las
infracciones afecten a más de un trabajador y se pagará un 20 % más en cada
infracción cuando se trate de dos trabajadores, un 30 % en cada infracción
cuando se trate de tres trabajadores y así sucesivamente. No obstante, la norma
contempla deducciones de hasta el 50 % si la multa se paga en tiempo y forma y
la cuantía de la misma supera la de la de sanción inicial, con el fin de que al
defraudador no le compense más pagar la sanción que cumplir con sus
obligaciones legales.
Se excluye del tipo de infracción grave el no ingreso de las
cuotas debidas cuando la empresa esté en declaración concursal o responda a un
supuesto de fuerza mayor, o haya solicitado aplazamiento para el pago de las
cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora.
Más
inspectores
El anteproyecto contempla un aumento en el número de inspectores
de trabajo hasta los 53 en 2012 y hasta los 60 subinspectores este año, que a
su vez colaborarán con los agentes de la Agencia Tributaria y amplía el período
de investigación por parte de la inspección de fraudes complejos de 9 a 18 meses.
Asimismo, se amplia de uno a tres años tras la terminación del
encargo, la responsabilidad solidaria del empresario principal respecto a las
obligaciones con la Seguridad Social contraídas por los contratistas y
subcontratistas durante el período de vigencia de la contrata.
El Ministerio de Empleo hará nuevas campañas de inspección en
sectores económicos donde puede haber bolsas de fraude y hará un seguimiento
del empleo aflorado. También trabajará con protocolos de actuación conjuntos
con el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio
del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con el
Colegio Nacional de Notariados y de Registradores.
"A partir de ahora será grave no cotizar por los salarios de
tramitación por vacaciones devengadas y no disfrutadas, o por tener a los
trabajadores declarados como a tiempo parcial y estén trabajando a jornada
completa", ha dicho, tras insistir en que "el que no paga
cotizaciones perjudica a los pensionistas y al conjunto de la sociedad".
El anteproyecto de Ley modifica, entre otras normas, el Estatuto
de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley Ordenadora
de la Inspección de Trabajo y Seguridad social y la Ley de Infracciones y
Sanciones de Orden Social.
