Recursos Humanos RRHH Press - Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarrollado en Barcelona, Tarragona, Gerona y Jaén una macrooperación contra el cobro fraudulento del paro y del subsidio por desempleo que ha causado la detención de 150 personas y la imputación de otras 277 por su implicación en una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador a cambio de entre
Según ha
informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los periodos de trabajo
ficticio han permitido a más de 400 personas -en su mayoría de origen marroquí
y asentados en Cataluña- regularizar su situación en España, así como percibir
2.667.000 euros del Servicio Público de Empleo Estatal.
El perjuicio
total a las arcas del Estado asciende a 7.192.000 euros, dado que a las
prestaciones fraudulentas hay que sumar la deuda de 4.525.000 euros que las
empresas, a nombre de testaferros y sin apenas actividad laboral real,
contrajeron con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar por
los seguros sociales.
Las
investigaciones se iniciaron como consecuencia del Protocolo de Colaboración
para el Control de Empresas Ficticias, Contrataciones y Altas Fraudulentas en
la Seguridad Social. La Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona detectó a
mediados de 2011 la existencia de una serie de empresas, con deudas en sus
cotizaciones de seguros sociales y aparentemente sin una actividad laboral
real.
Los
investigadores determinaron que un grupo de 30 empresas (16 Sociedades
Limitadas y 14 Sociedades Civiles Particulares) eran usadas para presentar
sucesivas altas y bajas de trabajadores, en ocasiones contratados por varias de
las mercantiles del grupo. Las 30 sociedades incumplieron sistemáticamente y
desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar por los seguros
sociales de sus trabajadores, presentando descubiertos por impago de cuotas por
un total de 4.525.000 euros.
Empresarios
sin recursos y con domicilios inexistentes
En la
constitución de las mercantiles se consignaba como socios y administradores a
personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros “testaferros”
procedentes de sectores marginales y de exclusión social. El objetivo consistía
en ocultar la verdadera identidad de los responsables, así como la localización
de las empresas y en definitiva eludir las acciones ejecutivas que pudieran
llevarse a cabo. Así, los domicilios sociales y de actividad empresarial
facilitados en los datos de inscripción de las sociedades eran falsos. Además,
la red empresarial se servía de varios profesionales de la gestión para
canalizar la confección de contratos, nóminas, partes de alta y baja y
certificados de empresa.
6.700
euros percibidos de media
Las actividades declaradas
en el momento de la constitución de las empresas eran muy amplias, aunque
finalmente eran inscritas en la Seguridad Social como únicamente dedicadas a la
construcción y la jardinería. El grupo empresarial dio de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social a un total de 3.375 trabajadores, de los que
398, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o
para completar estos periodos, obtuvieron prestaciones y/o subsidios por
desempleo por un total de 2.667.000 euros en base a esa supuesta actividad
laboral.
Igualmente, al
menos 406 personas habrían utilizado el alta en la Seguridad Social como
presuntos trabajadores en algunas de las empresas investigadas para solicitar
la renovación de la correspondiente documentación de Trabajo y Residencia en
España o reagrupación familiar, a la que muchos de ellos no hubieran tenido
derecho.
Administrador
de ocho empresas y repartidor de pizzas
Hasta el momento,
los agentes han identificado y arrestado o imputado a un total de 427 personas,
entre ellas el presunto cabecilla de todo el entramado empresarial. Uno de los
detenidos, testaferro que figuraba como administrador o representante de ocho
de las sociedades y también constituyente en 17 de las empresas, trabajaba en
realidad como repartidor de pizzas.
Las
investigaciones, que continúan abiertas, han sido desarrolladas por la Brigada
de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial y por las
Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Barcelona, Tarragona y
Gerona, con la colaboración del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de
Linares (Jaén) y las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal y la Inspección de Trabajo de Barcelona.
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