Diez trabajadores de la Fundación Doñana
21 recibieron ayer las notificaciones de despido. Su presidenta, la exconsejera
de Medio Ambiente, Cinta Castillo, no se ve afectada por el ajuste
ABCDESEVILLA /
Diez trabajadores de la Fundación Doñana
21 afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha presentado
esta entidad, recibieron ayer las notificaciones de sus despidos,
según informó la UGT
en un comunicado.
De momento no hay ninguna novedad
sobre la situación laboral de la presidenta de la Fundación , la que fuera
consejera de Medio Ambiente, Cinta
Castillo, ni sobre otros familiares «colocados» en la misma
fundación como la mujer del que fuera alcalde socialista de Almonte, Francisco Bella, u
otro exconcejal de ese mismo Ayuntamiento. Todos estos permanecerán, al menos
de momento, en sus cargos.
Ayer la Federación de Servicios
Públicos (FSP)de UGT Huelva mostró«su más profundo rechazo a cualquier despido de empleados
públicos, cuando además, según insistían desde el sindicato, supone un
incumplimiento por parte del Gobierno andaluz del compromiso de mantenimiento
del empleo público en la administración autonómica».
Asimismo, indicaron que a última hora
del martes se produjeron las notificaciones de los despidos a los trabajadores
afectados por el expediente de Despido Colectivo de la Fundación Doñana
21, dependiente de la Junta
de Andalucía, mientras que el personal que mantiene el empleo «tendrá condiciones más precarias».
Así, todas las propuestas
consensuadas en asamblea de trabajadores, y también en peticiones previas y
posteriores, «han sido trasladadas por la representación legal y sindical de
UGT en la entidad».
Estas propuestas se basan en reducir jornada y salario para mantener
el empleo, la creación de bolsa de empleo con el personal afectado para
contrataciones futuras de la Fundación Doñana 21, entre otras, pero «no han
encontrado eco por parte de la
Fundación ni la
Junta de Andalucía, que argumentan motivos económicos para
realizar el despido colectivo». Según la Fundación , «esta menor disponibilidad económica
también obligará a replantear el organigrama de la entidad, a redistribuir las
funciones que asumen los trabajadores que continúan sus contratos y a cambiar
la ubicación del centro de trabajo actual a una distancia de 30 kilómetros».
La plantilla afectada por el despido
colectivo ha expresado «en sintonía con UGT» que «no se firmará ningún acuerdo
que contemplara exclusivamente la aplicación de lo ordenado por la reforma
laboral», algo que ha defendido siempre la organización sindical en todo el
proceso.
Desde FSP UGT Huelva se vuelve a
manifestar el «más profundo
rechazo». Además, considera que los seis trabajadores a los
que no afecta este proceso, «mantendrán su empleo en condiciones más precarias
de las que tenían hasta hoy».
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.