Trescientos
inmigrantes pueden ser expulsados por abonar hasta 500 euros a un constructor
para poder renovar los permisos y cobrar paro
Hay
delitos que uno no puede cometer si otro no colabora. A veces, esos cooperantes
se cuentan por decenas. Es el caso del constructor de Mazarrón detenido el
pasado julio por la
Policía Nacional por un presunto fraude millonario a la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social
y el Servicio Público de Empleo mediante la ficticia contratación de
trescientos inmigrantes marroquíes. Éstos se prestaron a un engaño
multitudinario al Estado y ahora se enfrentarán a un juicio que puede costarles
la expulsión de España.
En un
goteo que según fuentes del caso continuará en las próximas semanas, a lo largo
del verano agentes de la
Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía
Nacional de Cartagena, de la Comisaría General y de la Brigada de Extranjería de
Lorca han ido deteniendo a cuarenta implicados en la 'Operación Alamillo'.
A estos
extranjeros se les acusa de simular relaciones laborales con la constructora.
Pagaron de 100 a
500 euros para poder renovar la tarjeta de residencia, cobrar las prestaciones
por desempleo o traerse a sus parientes más directos de su país natal por el
procedimiento del reagrupamiento familiar.
Según
fuentes de la investigación, los detenidos podrán ser enviados de vuelta a su
país de origen si son condenados por la Justicia a una pena superior a un año de cárcel.
Para el delito de falsedad documental, el Código Penal recoge un castigo de
seis meses a tres años.
Los
testimonios de varios falsos trabajadores recabados por los investigadores, a
los que llamó la atención el elevado número de contrataciones en plena crisis y
el hecho insólito de que muchos fueran a mujeres, permitieron detectar un
'agujero' de medio millón de euros a la Tesorería General
de la Seguridad
Social y de un millón a Empleo.
Cruzando
datos con los inspectores de Empleo, la Policía constató la falta de actividad de la
empresa entre los años 2007 y 2009 y desentrañó la madeja tejida durante ese
periodo por el propietario de la mercantil, un español de 39 años, y su enlace
entre la comunidad magrebí: un marroquí de 43 años. Este último tenía diversos
antecedentes policiales por falsedad documental, el mismo delito que se imputa
ahora al empresario junto con el de fraude a la Seguridad Social.
Pese a
todo, en 2010 y 2011 se simuló la contratación de unos trescientos
trabajadores, quienes eran dados de alta y, posteriormente, despedidos, tras
cumplir el tiempo necesario para completar los periodos de cotización exigidos
legalmente para el acceso a las prestaciones por desempleo.
Estos
trabajadores querían acceder a permisos de residencia, a sus renovaciones o a
beneficiarse del derecho a la reagrupación familiar previsto en la Ley de Extranjería.
Esta
empresa contrató a más de setenta mujeres, y se ha podido comprobar que unos
cincuenta «falsos empleados» residían fuera de la provincia de Murcia, algunos
en provincias tan distantes como Lugo, Álava, Cantabria o Gerona.
Otra de
las artimañas utilizadas era permitir el empadronamiento conjunto de varios
trabajadores en algunos domicilios de la provincia de Murcia, si bien éstos
realmente se encontraban fuera de la provincia, e incluso de España.
Las
fuentes explicaron que el empresario cobró distintas cantidades de dinero a los
extranjeros a cambio de mantenerlos de alta en la Seguridad Social
durante los periodos que éstos necesitaban para los fines referidos, sin que
los mismos llegasen «en ningún momento» a realizar actividad laboral alguna.
Caso similar
en Baleares
En
Baleares la Policía
informó de una operación similar, en la que ha arrestado a diecisiete personas
en Ibiza por facilitar contratos falsos de trabajo a inmigrantes para que
pudieran recibir prestaciones por desempleo y permisos de residencia por
arraigo o renovación.
La mayoría
de los arrestados son marroquíes. Los presuntos cabecillas del grupo son dos
españoles: el dueño de una empresa de construcción y el gestor, que captaba a
los clientes. Ambos eran muy conocidos en la zona de Manacor por «arreglar
papeles a inmigrantes». También se ha detenido a los administradores de la
empresa.
