JOSÉ AGUILAR | ACTUALIZADO 19.10.2012
LAS consejeras
de Fomento, Elena Cortés (IU), y Salud, María Jesús Montero (PSOE), acaban de
eliminar decenas de puestos directivos en la Empresa Pública del Suelo de
Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), respectivamente, dentro de la
política de austeridad y reestructuración de la Administración autonómica que
imponen las actuales circunstancias.
Es una iniciativa loable, que debería ser secundada lo más pronto posible por los restantes departamentos de la Junta. La reducción de cargos públicos es una medida ineludible, y ejemplarizante, que permite a la Administración asumir las políticas de ahorro y control del déficit que a todos nos obligan y adaptarse a la dieta de adelgazamiento que exige la crisis tras muchos años -casi todos los de la autonomía- de crecimiento y engorde no siempre justificados.
Pero, además de loable, secundable, ineludible y ejemplarizante, la medida es también insuficiente. Los dos partidos que gobiernan en Andalucía han venido vendiendo la idea de que basta con rebajar el número de cargos directivos del sector público para que cuadren las cuentas y se elimine el déficit. Tiene cierta lógica política y clientelar, ya que es menos incómodo y acarrea menos impopularidad perjudicar a responsables políticos designados a dedo que a empleados públicos habituados a permanecer a cubierto de los rigores del despido, las regulaciones de empleo y la reforma laboral que padecen los trabajadores del sector privado. Incluso el partido de la oposición andaluza proclama una y otra vez que no hay que tocar a los contratados de la Junta y se conformaría con eliminar la grasa de directivos.
Estos planteamientos nacen de una premisa bastante discutible (salvo para los sindicatos y los posibles afectados): el principal criterio a aplicar en cualquier reconversión de las empresas públicas, consorcios, fundaciones, consejos y observatorios es el mantenimiento del empleo. Probablemente el contribuyente crea que el criterio fundamental no es conservar el empleo a toda costa, sino hacer un sector público eficiente que logre la máxima rentabilidad para la sociedad del dinero que la sociedad pone en sus manos. Tres preguntas han de ser contestadas: ¿hay o no hay organismos superfluos, cuya necesidad ya era cuestionada incluso cuando se crearon, en los tiempos boyantes? ¿Existen o no existen empresas públicas con una dimensión que pudo ser adecuada en su momento pero que ahora, por la coyuntura del mercado en el que trabajan, resulta notoriamente exagerada y antieconómica? ¿Se ha detectado o no se ha detectado una bolsa de empleados públicos de distintos departamentos que no tienen tareas que cumplir?
Y deben ser contestadas con honestidad, rigor y coherencia.
Es una iniciativa loable, que debería ser secundada lo más pronto posible por los restantes departamentos de la Junta. La reducción de cargos públicos es una medida ineludible, y ejemplarizante, que permite a la Administración asumir las políticas de ahorro y control del déficit que a todos nos obligan y adaptarse a la dieta de adelgazamiento que exige la crisis tras muchos años -casi todos los de la autonomía- de crecimiento y engorde no siempre justificados.
Pero, además de loable, secundable, ineludible y ejemplarizante, la medida es también insuficiente. Los dos partidos que gobiernan en Andalucía han venido vendiendo la idea de que basta con rebajar el número de cargos directivos del sector público para que cuadren las cuentas y se elimine el déficit. Tiene cierta lógica política y clientelar, ya que es menos incómodo y acarrea menos impopularidad perjudicar a responsables políticos designados a dedo que a empleados públicos habituados a permanecer a cubierto de los rigores del despido, las regulaciones de empleo y la reforma laboral que padecen los trabajadores del sector privado. Incluso el partido de la oposición andaluza proclama una y otra vez que no hay que tocar a los contratados de la Junta y se conformaría con eliminar la grasa de directivos.
Estos planteamientos nacen de una premisa bastante discutible (salvo para los sindicatos y los posibles afectados): el principal criterio a aplicar en cualquier reconversión de las empresas públicas, consorcios, fundaciones, consejos y observatorios es el mantenimiento del empleo. Probablemente el contribuyente crea que el criterio fundamental no es conservar el empleo a toda costa, sino hacer un sector público eficiente que logre la máxima rentabilidad para la sociedad del dinero que la sociedad pone en sus manos. Tres preguntas han de ser contestadas: ¿hay o no hay organismos superfluos, cuya necesidad ya era cuestionada incluso cuando se crearon, en los tiempos boyantes? ¿Existen o no existen empresas públicas con una dimensión que pudo ser adecuada en su momento pero que ahora, por la coyuntura del mercado en el que trabajan, resulta notoriamente exagerada y antieconómica? ¿Se ha detectado o no se ha detectado una bolsa de empleados públicos de distintos departamentos que no tienen tareas que cumplir?
Y deben ser contestadas con honestidad, rigor y coherencia.
