Una red vendía contratos de trabajo falsos para que sus beneficiarios,
la mayoría marroquíes, cobraran el paro
EFE / PALMA Un total de 186 personas han sido
detenidas en Baleares en un año como parte de una red de
supuestos empresarios que vendía contratos de trabajo
falsos para que
sus beneficiarios, la mayoría marroquíes, cobraran el paro, regularizaran su
situación en España o consiguieran ayudas sociales.
Según informa hoy la Policía Nacional
en un comunicado, el fraude a la Seguridad Social alcanzaría los 700.000 euros
y los responsables de la trama cobraban entre 300 y 600 euros por cada
contrato, importe que variaba en función de su duración o de la habilidad del
comprador para negociar el precio.
Entre los detenidos figuran los cinco
supuestos empresarios que hacían los contratos, indica la policía, que apunta
que la investigación comenzó a raíz de un informe de la Inspección de Trabajo y
añade que aún se esperan nuevas detenciones.
En el informe se ponía atención en una
serie de empresas recién creadas con un gran número de trabajadores, casi todos
de origen marroquí, y en las que se detectaron muchas irregularidades,
principalmente en las obligaciones fiscales.
Cuatro supuestos empresarios, con
domicilio en Felanitx, crearon las mercantiles en connivencia con una quinta
persona de origen marroquí.
Este último era el encargado de la
captación de los supuestos trabajadores y a cambio recibía aproximadamente un
50 % de la venta de los contratos, mientras que el otro 50 % era para el
empresario.
Los arrestados creaban en primer lugar
empresas ficticias, solicitando el alta en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con base mínima en la actividad de construcción y de empleadas
domésticas.
Estas mercantiles dejaban de tener
actividad alguna desde el primer momento y no pagaron ninguna obligación fiscal
inherente a toda empresa constituida.
Los empresarios vendían luego contratos
de trabajo, sobre todo a personas extranjeras, que constituyen un porcentaje
superior al 95 % de los implicados en la operación.
En concreto, los beneficiarios de los
contratos son mayoritariamente marroquíes y abonaban diferentes cantidades de
dinero a cambio del documento, con el que eran dados de alta en la Seguridad
Social.
Estos contratos eran utilizados para
renovar los permisos de residencia -entre cuyos requisitos se encuentra una
oferta de empleo-, para solicitar la prestación por desempleo o el subsidio de
empleo, para acumular días de cotización y para solicitar la incapacidad
laboral o las bajas por maternidad.
La banda, apunta la policía, actuaba de
una forma organizada y presentaba indicadores por los que se puede calificar de
organización criminal, como la permanencia en el tiempo, estructura jerárquica,
sospecha de comisión de delitos graves, búsqueda de beneficios o poder y uso de
estructuras empresariales y testaferros.
Los investigadores han localizado 318
contratos falsos de trabajo y atribuyen a los arrestados los delitos de
falsedad documental, estafa, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad
Social y pertenencia a grupo criminal, según los casos.
En la mayoría de los casos los
imputados han negado haber pagado por los contratos, otros han manifestado
obras que luego se ha comprobado su inexistencia, o bien porque que no figuraba
la dirección facilitada en las declaraciones o porque los trabajos de construcción
eran en casas abandonadas, en ruinas o en solares.
El éxito de la operación, destaca la
policía, ha sido posible gracias a la colaboración con la Inspección de
Trabajo, la Seguridad Social, las oficinas de empleo y el Ministerio de
Hacienda, que han cruzado todos sus datos para desarticular la trama.
La operación continúa abierta y se
esperan nuevas detenciones por este fraude a la Seguridad Social.
