R. AGUILAR / CÓRDOBA
Día 06/06/2013
Una de las denuncias que ha
provocado el expediente parte de un funcionario cordobés
Así, la Comisión Europea
señala en el documento en cuestión que le ha enviado «una carta a las
autoridades españolas mediante el sistema UE Pilot [un método de intercambio de
datos entre miembros de las instituciones comunitarias] en el que se solicita
información acerca de los problemas planteados tanto en su denuncia como en la
anterior». La misiva añade que «las autoridades españolas [esto es, la Junta de Andalucía] han
respondido a esta carta y su respuesta está siendo analizada actualmente por
nuestros servicios».
Esta situación de precariedad de medios
de la Administración
autonómica en relación a la salud y la seguridad laborales ha llegado a la UE después de un largo
recorrido en Andalucía. Como ya informó este periódico en su edición del 3 de
diciembre de 2012, ninguna consejería de la Junta de Andalucía cuenta con un plan de
prevención de riesgos laborales en sus sedes, a pesar de estar obligado a ello
desde hace quince años, esto es, desde que se aprobó el Real Decreto 39/97 que
regula esta cuestión. La
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía puso de
manifiesto estas carencias en un escrito fechado el 2 de mayo de 2012 en
respuesta a trece denuncias de CC.OO., y que este sindicato no difundió.
Las denuncias señalaban «graves
incumplimientos», tales como no realizar pruebas periódicas de salud a los trabajadores
o no disponer de planes de emergencia y evaluación en los centros laborales de la Administración
regional. La Inspección
de Trabajo emplazó a la Junta
de Andalucía a que «integrase la actividad preventiva en el sistema general de
la gestión de las distintas consejerías, mediante la elaboración e implantación
de un plan de riesgos laborales con el contenido definido» por el decreto Ley
de 1995 y el decreto 304/2011.
