El Gobierno las ha eliminado con efecto retroactivo, por lo que las empresas ya no podrán deducir por sus trabajadores en las cuotas a la Seguridad Social de agosto
Números, muchos números tendrán que hacer las
empresas para cuadrar sus balances ante la subida
de los costes laborales que han de afrontar la mayoría de ellas
al aplicarse ya en las cuotas a la Seguridad Social de agosto el
fin de algo más de 200 bonificaciones. Una medida aprobada por el Gobierno en julio,
pero de la que hasta ahora no han sido conscientes los empresarios salmantinos,
que ven cómo se descuadra el presupuesto del año, lo que puede acarrear en el
futuro un incremento del desempleo al serle imposible a la empresa asumir la subida
de los gastos de sus trabajadores.
El motivo de esta inquietud se encuentra en la disposición transitoria sexta del Real Decreto-Ley 20/2012 aprobado por el Gobierno de Rajoy, que suprime con carácter general el derecho de las empresas a la aplicación de bonificaciones por contratación, mantenimiento del empleo o fomento del autoempleo en las cuotas a la Seguridad Social. Una decisión que no sólo afecta a los contratos que se firmen después de la entrada en vigor de la norma, sino que también se aplica con efectos retroactivos, por lo que las deducciones actualmente en marcha quedan sin efecto en los pagos a la Seguridad Social de agosto. Esta medida es muy criticada por fuentes empresariales, por la inseguridad jurídica que genera y la falta de credibilidad del Gobierno, lo que puede lastrar el efecto incentivador de las bonificaciones que aún se mantienen.
Las deducciones con las que acaba el RD van desde la conversión de un trabajador temporal en indefinido aplicado en la mayoría de contratos, el mantenimiento de empleados con más de 60 años o el retorno al mercado laboral de una mujer tras varios años de inactividad por ser madre. La mayoría de los dos centenares de bonificaciones suprimidas tenían una vigencia de 4 años, por lo que gran parte de las empresas cuentan con empleados por los que pagaban menos a la Seguridad Social. Por un ejemplo, por una madre reincorporada al trabajo, eran 1.200 euros menos al año.
La eliminación de estas ventajas es criticada no sólo por los empresarios, también por consultorías y gestores.Consideran que una decisión de este tipo puede desencadenar ajustes de plantilla a corto plazo, principalmente en las empresas con una situación económica delicada. Un incremento de los costes laborales a mitad de año no entraba dentro de las planificaciones, lo que puede conllevar despidos o reducciones de jornada para reajustar presupuestos.
El motivo de esta inquietud se encuentra en la disposición transitoria sexta del Real Decreto-Ley 20/2012 aprobado por el Gobierno de Rajoy, que suprime con carácter general el derecho de las empresas a la aplicación de bonificaciones por contratación, mantenimiento del empleo o fomento del autoempleo en las cuotas a la Seguridad Social. Una decisión que no sólo afecta a los contratos que se firmen después de la entrada en vigor de la norma, sino que también se aplica con efectos retroactivos, por lo que las deducciones actualmente en marcha quedan sin efecto en los pagos a la Seguridad Social de agosto. Esta medida es muy criticada por fuentes empresariales, por la inseguridad jurídica que genera y la falta de credibilidad del Gobierno, lo que puede lastrar el efecto incentivador de las bonificaciones que aún se mantienen.
Las deducciones con las que acaba el RD van desde la conversión de un trabajador temporal en indefinido aplicado en la mayoría de contratos, el mantenimiento de empleados con más de 60 años o el retorno al mercado laboral de una mujer tras varios años de inactividad por ser madre. La mayoría de los dos centenares de bonificaciones suprimidas tenían una vigencia de 4 años, por lo que gran parte de las empresas cuentan con empleados por los que pagaban menos a la Seguridad Social. Por un ejemplo, por una madre reincorporada al trabajo, eran 1.200 euros menos al año.
La eliminación de estas ventajas es criticada no sólo por los empresarios, también por consultorías y gestores.Consideran que una decisión de este tipo puede desencadenar ajustes de plantilla a corto plazo, principalmente en las empresas con una situación económica delicada. Un incremento de los costes laborales a mitad de año no entraba dentro de las planificaciones, lo que puede conllevar despidos o reducciones de jornada para reajustar presupuestos.
