Los cotizantes han caído en un
año el 4,1% en la comunidad y los pensionistas han aumentado el 0,4%
La Seguridad Social ha
empezado a echar mano de los ahorros para abonar las pensiones. En julio
dispuso de 4.400 millones del Fondo de Prevención de las mutuas y el Ministerio
de Empleo no descarta tener que recurrir al Fondo de Reserva, lo que en tiempos
de la burbuja inmobiliaria se conocía como 'la hucha de las pensiones para
épocas de declive'. Con una tesorería en la que, mes tras mes, sale más dinero
–para pagar a cada vez más pensionistas– del que entra –por las cotizaciones de
cada vez menos trabajadores ocupados–, el declive ya está aquí.
El año pasado, la
Seguridad Social abonó en Castilla y León en concepto de pensiones y otras
prestaciones dos mil millones de euros más de lo que ingresó. En concreto pagó
6.749,3 millones en pensiones contributivas, incapacidades laborales,
prestaciones de maternidad, familiares, etc. Unidos al resto de gastos (de
personal, financieros, en inversiones, etc), la Seguridad Social sumó 6.846,7
millones en pagos.
Frente a esto, los
ingresos ascendieron en la región a 4.780,9 millones, el 99% de ellos
procedentes de las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores. El
resultado es que la Seguridad Social abonó en pensiones en Castilla y León el
41,17% más de lo que ingresó por las cuotas. Al ser un sistema de caja única,
las cuentas fueron equilibrándose con la suma del resto de comunidades
autónomas.
En el total nacional,
la Seguridad Social abonó 105.994,6 millones en pensiones y prestaciones y
recibió 108.563,5 millones por cotizaciones (95.369,6 millones), tasas, ingresos
patrimoniales, activos financieros, etc. Aun así incurrió en déficit porque los
gastos de personal, de inversiones y demás elevaron las obligaciones
reconocidas a 111.430,6 millones.
La Seguridad Social
tiene que acabar este año en equilibrio (según el Plan de Estabilidad y los
Presupuestos Generales del Estado), tras haber acabado el pasado por primera
vez en números rojos. Sin embargo, la destrucción de empleo ha reducido la
afiliación al sistema. En agosto, en España descendió en 136.762 personas, lo
que situó la cifra global de afiliados en 16.895.977. En el último año ha
descendido en 604.541 trabajadores, el 3,45%. Mientras, en esos doce meses, en
Castilla y León el número de cotizantes se ha reducido en 38.382 personas hasta
situarse en los 886.714 afiliados del mes pasado, es decir, el 4,15% menos.
Simultáneamente a la
reducción de trabajadores ocupados, la cifra de pensionistas ha seguido el
camino contrario. El 1 de agosto pasado, la Seguridad Social abonó en España un
total de 8.934.220 pensiones, de las que 5,3 millones fueron de jubilación; 2,3
millones de viudedad; casi un millón de incapacidades permanentes y el resto,
de orfandad y a favor de familiares. Los casi nueve millones suponen el 1,3%
más que un año atrás.
En Castilla y León, el
número de pensiones pagadas por la Seguridad Social en agosto ascendió a
592.232, el 6,6% del total nacional y el 0,4% más que un año antes.
Y para agravar el
problema, no solo hay una cifra creciente de pensionistas, sino que las
prestaciones que perciben son también cada mes más que pasa cuantiosas. El
pasado, en Castilla y León, la pensión media se situó en 810,29 euros
mensuales, 21 euros menos que la media nacional pero el 3,3% más que la pensión
media de un año antes.
La nómina mensual de
pensiones contributivas de la Seguridad Social (en este caso no existen datos
desagregados por comunidades autónomas) alcanzó el pasado 1 de agosto 7.429,1
millones de euros, el 4,4% más que en el mismo mes de 2011.
Pese a esta evolución,
el Gobierno ha descartado acelerar la entrada en vigor del retraso en la edad
de jubilación a los 67 años que, según la última reforma aprobada, será
efectiva para todos los trabajadores en 2027. Por el momento solo se propone
limitar la jubilación anticipada y la jubilación parcial. En octubre enviará a
la Comisión del Pacto de Toledo las medidas para conseguir un «retraso
efectivo» de la edad de jubilación mediante restricciones para el retiro
anticipado.
Recorte
en las prestaciones
Similares problemas de
tesorería a los que padece la Seguridad Social tiene el Servicio de Empleo
Público Estatal. Este, que se encarga de abonar las prestaciones por desempleo,
se nutre de las cotizaciones que abonan trabajadores y empresarios. El primero
con un tipo que va del 1,55% al 1,60% de los devengos de su nómina y el
segundo, con una aportación de entre el 5,50% y el 7,70%. Con el paro
dramáticamente al alza y los ocupados a la baja, el equilibrio se vuelve
imposible.
En julio de 2012, el
gasto en prestaciones por desempleo –incluidas las cotizaciones que el Servicio
Estatal abona a la Seguridad Social– ascendió en España a 2.593,5 millones de
euros, de los que 115,2 millones (el 4,44%) fueron destinados a Castilla y
León. Doce meses atrás, la nómina de prestaciones era de 2.400,3 y 98,5
millones, respectivamente. Es decir, que mientras en un año ha crecido el 8% en
el país, en la comunidad autónoma lo ha hecho más del doble, el 16,5%.
El resultado es que ya
el pasado mes de julio, el Gobierno aprobó un Decreto Ley de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en
el que reducía la prestación por desempleo para los nuevos beneficiarios. A
partir del séptimo mes los parados perciben, en lugar del 60% de su base de
cotización, el 50%.
Castilla
y León cuenta con menos de 1,5 ocupados para pagar cada pensión
El pasado mes de
agosto, el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 16,89
millones de personas en España, de las que 886.714 figuraban en el registro de
Castilla y León. Ese mismo mes, el número de pensiones contributivas que se
abonaron en España ascendió a 8,93 millones, con 592.232 de ellas pagadas en la
región.
El resultado de cruzar
ambas cifras es que la proporción entre afiliados y pensionistas, lo que se
conoce como 'tasa de dependencia' y constituye uno de los principales
indicadores de la sostenibilidad del sistema, es de 1,90 en el conjunto del
país y del 1,49 en la comunidad autónoma.
Tradicionalmente se
considera que el sistema de reparto tiene solvencia financiera cuando su tasa
de dependencia se encuentra por encima de 2,5 cotizantes por pensionista. En
2007, en pleno 'boom' inmobiliario, España llegó a tener una proporción de 2,7.
León,
cerca de la paridad
De las nueve
provincias, León es la que presenta una tasa más preocupante, incluso una de
las más bajas de España: 1,12. Es el resultado de contar con 159.251
trabajadores cotizantes y 141.672 trabajadores retirados. Sigue Zamora con una
tasa de dependencia de 1,16. Palencia ofrece un dato de 1,52 y Segovia, de
1,83. La provincia con mejor relación entre ambos colectivos es Valladolid, que
calca el dato medio de España de 1,90 ocupados por pensión.
