Supremo anula el despido porque
considera que la empresa lo echó en respuesta a su denuncia por
mobbing. Poco después de despedirlo, al afectado le pusieron en su
empresa una querella por estafa y falsedad documental.
Juan Carlos Benítez
llevaba trabajando para la aseguradora Mapfre 17 años cuando, a finales de
2007, una reorganización en la empresa lo situó bajo las órdenes de un nuevo
jefe.
Según su relato, el acoso
laboral o mobbing
empezó a los pocos meses: le quitaron todas sus atribuciones, que pasaron a la
persona que hasta entonces había estado bajo sus órdenes.
Decidió comunicar la
situación a la dirección de recursos humanos.
El médico le dio la
baja: “crisis de ansiedad”.
Finalmente
inició una demanda para extinguir su contrato por acoso el 5 de febrero de
2009. La empresa respondió al día siguiente comunicándole su despido
disciplinario.
Después de tres años
de litigios, el Tribunal Supremo anula ese despido por “vulneración de la
garantía de indemnidad”, es decir, porque considera que la empresa lo echó en
respuesta a su denuncia.
El
Supremo cree que “no existen elementos para convalidar el despido”. La empresa
tenía conocimiento de la forma de actuar del empleado, entonces jefe de
Aprovisionamiento, “que no era un comportamiento oculto”, y no hizo nada al
respecto hasta que él decidió “denunciar la situación de acoso a que estaba
siendo sometido”, según el Alto Tribunal.
Mapfre
inició una investigación interna tras la denuncia de mobbing que hizo Benítez.
El auto afirma que “evidenció una situación de conflicto laboral tensa y
difícil y, en lugar de apaciguarla, decidió actuar contra el demandante
mediante una cadena de reacciones que finalizaron con el despido”.
El
Supremo ratifica así en julio de 2011 una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, que a su vez confirmaba la del juzgado de lo social número
12 de Madrid. El despido era nulo por vulneración de derechos fundamentales y
Mapfre estaba condenada a readmitir al trabajador en las mismas condiciones y a
pagarle el sueldo que había dejado de percibir durante el litigio.
“La
parte actora [Benítez] ha probado indicios suficientes de represalia por haber
denunciado ante la empresa a su superior jerárquico”, afirma la sentencia del
juzgado de lo Social número 12 de Madrid. La empresa atribuyó a Benítez en la
carta de despido la contratación con tres empresas a un precio superior al
fijado.
“En
el acto de juicio han quedado desvirtuadas todas y cada una de las
imputaciones”, señala el fallo.
Benítez
volvió a su puesto en septiembre de 2011. “Me sentaron en una mesa, apartado de
todo el mundo, sin teléfono ni ordenador”, relata el afectado a EL PAÍS. “No
tenía nada que hacer. Pero las represalias habían empezado mucho antes, cuando
poco después de despedirme me pusieron una querella por estafa y falsedad
documental”, continúa.
Tanto
el juzgado de instrucción como la
Audiencia provincial la archivaron, esta última en septiembre
de 2009.
Un
par de meses después, Benítez decidió querellarse contra toda la comisión
directiva de Mapfre, incluido su entonces presidente, José Manuel Martínez.
Acusaba a la cúpula de la aseguradora de acusación falsa, falsedad documental y
falso testimonio porque, según el texto de la querella, la empresa ocultó
documentos, alteró datos económicos y presentó presupuestos falsos para tratar
de acusarle de estafa. La querella está aceptada a trámite en un juzgado de
Madrid.
Hoy
Benítez, casado y con una hija, vuelve a estar de baja. Un mes después de
volver a su trabajo en Mapfre, en octubre de 2011, sufrió una trombosis de
retina y perdió la visión en el ojo izquierdo.
“Estoy
convencido de que fue por el estrés que me provocó la situación, por las
represalias de la empresa. Entre otras cosas, manipularon los datos que se
facilitan a la
Agencia Tributaria y me atribuyeron un sueldo muy superior al
mío”, relata. Afirma estar decidido a continuar con la querella, en la que
señala a toda la cúpula directiva porque, dice, todos conocen su caso.
El
presidente cambió en una junta de accionistas celebrada el 10 de marzo. EL PAÍS
intentó recabar la versión de la aseguradora Mapfre, que cotiza en el Ibex 35 y
ganó el año pasado 963 millones de euros, que respondió que no se pronuncia
sobre la relación con sus empleados.
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