El Gobierno amplía a dos años
la resolución de una ayuda económica sin generar deudas.
La esperanza de vida de estos
ancianos no alcanzará tanto.
La reforma de la dependencia permitirá que
mueran decenas de miles de ancianos de forma tradicional, es decir, atendidos
en casa o pagando las residencias por su cuenta, sin tener acceso a un derecho
consagrado por una ley que había acercado a España a los niveles de protección
social europeos. Miles fallecen ya esperando unos trámites que en algunas
comunidades se alargan muy por encima de los seis meses. Y cada vez que el
Gobierno limpia las estadísticas, que suele ser una vez al año, han causado
baja miles de personas. Pues bien, a partir de ahora, las comunidades podrán
extenderse dos años más allá de los seis meses para resolver esos expedientes,
sin tener que hacerse cargo de deudas económicas contraídas por el retraso.
La mitad (54%) de los beneficiarios de la dependencia son personas
mayores de 80 años y un 21% están entre los 65 y los 79. La mortalidad para
ellos no es la misma que para el resto de la población a esas mismas edades,
porque estos padecen enfermedades o discapacidades. Cumplidos los 80 y teniendo
en cuenta el grado de dependencia, la esperanza de vida no alcanza más de tres
años, como media, según datos del INE a partir de la encuesta sobre Discapacidad y Estado de Salud.
La demora de dos años permitida por ley contará para todos los
dependientes que estén en la actualidad incluidos en el sistema, salvo los que
ya sean beneficiarios de una ayuda. Hay 260.000 personas con derecho esperando
a recibirla desde no se sabe cuánto tiempo, y a esos habría que sumar otros
60.000 que, siguiendo cálculos de meses atrás, entran en el sistema cada dos
años (aunque el ritmo de incorporaciones es ahora mortecino).
Si el 54% tiene 80 o más años, unos 170.000 tendrán una esperanza
de vida muy reducida como para esperar dos años más por una ayuda.
La mortalidad para los nonagenarios es, como media, del 6%, pero
se eleva si, además, presentan dependencia, normalmente asociada a
enfermedades. "Cuando una persona comienza con síntomas de futura
dependencia, a mitad de los 70, normalmente, su esperanza de vida es de ocho
años, pero ha de alcanzar una gravedad suficiente para que sean declarados
dependientes y optar a una ayuda, es decir, cuando ya no pueden valerse por sí
mismos para hacer alguna o varias actividades de la vida diaria. Generalmente,
este estadio se alcanza cinco años después", explica Dolores Puga,
especialista en esperanza de vida y mortalidad del CSIC. Así pues, una vez
entrado en el sistema de la dependencia, podrían quedarle unos tres años de
vida, siguiendo los cálculos "siempre aproximados" de esta
especialista. Si dos de ellos, o más, los pasan esperando a recibir una ayuda,
"esta llegará, en el mejor de los casos, al final de su trayectoria de
vida", dice. "Deberían entrar al sistema mucho antes, aunque la ayuda
sea pequeña, para tenerles monitorizados mientras avanza su enfermedad",
explica. Difícil, porque los dependientes de grado más leve han quedado fuera
de la ley hasta 2015. Y para entonces se verá. El Gobierno asegura que estos
estarán atendidos por los servicios sociales clásicos. Pero eso será solo si
hay dinero, porque no es un derecho, como la ley de dependencia o las
pensiones. Y el Gobierno ha reducido la partida para servicios sociales básicos
que llega a los Ayuntamientos en más de un 40%.
Permitir que las comunidades se alarguen hasta dos años para
atender a los dependientes no quiere decir que lo hagan. Pero dados los enormes
retrasos, de años, que se registran en algunas de ellas y el ahorro que
supondría, tampoco es aventurado. Para empezar, esa demora les garantiza dos
años de ahorro sin contraer deudas con las familias por los retrasos en los
trámites, como ocurría ahora a partir de los seis meses. La deuda por la
retroactividad de las ayudas económicas ha engordado una enorme bola en las
comunidades. Para su alivio, el decreto publicado el sábado por el Gobierno les
concede ocho años para abonarla a plazos.
"De
todas las medidas que se han tomado para el descuartizamiento de esta ley esta
es la más canalla de todas: es como si a un enfermo de cáncer le dices que
tiene que esperar dos años para recibir quimioterapia, probablemente no llegará
a recibirla. Además, desde el punto de vista de la gestión, premia a las
comunidades con más retraso porque les da carta legal para ello, incluso puede
tener un efecto contagio en las demás, dado que está permitido", se queja
el presidente de la Asociación
Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel
Ramírez.
Fuentes gubernamentales creen, sin embargo, que la lista de
espera, cronificada en unas 260.000 personas, se aliviará, pero no por los
decesos, sino porque las comunidades tendrán más liquidez ahora que las pagas
para el cuidador familiar serán más reducidas (un 15% como mínimo). Como la
dependencia no cuenta con más dinero, sino con menos —se han recortado casi 500
millones que recibían las comunidades—, solo cabe ese trasvase de recursos de
unos beneficiarios a otros. El Gobierno no teme que el abaratamiento de las
ayudas económicas provoque su multiplicación, que tanto empeño han puesto en
controlar, sino que las comunidades sabrán dedicar los recursos que ya no
cobrarán las cuidadoras a pagar servicios profesionales, que además serán
bonificados por el Gobierno.
Pero una ayuda a un cuidador familiar no es comparable con lo que
cuestan los servicios profesionales. A menos que esos servicios sean de una
intensidad muy reducida, por ejemplo escasas horas de ayuda a domicilio.
"Eso obligaría al familiar a seguir cuidando el resto de las horas,
prácticamente todo el día", dice Ramírez.
