Además, el sindicato considera que
esta norma, que obedece a las exigencias de la UE en relación a la contención
del gasto y el control del déficit público, no actúa sobre el origen de los
problemas, como son el modelo de financiación y la mayor transparencia en la
gestión del gasto sanitario, sino que incumple los principios esenciales de
universalidad, equidad, corrección de desigualdades y participación social.
El
Secretario General de UGT ha afirmado que la entrada en vigor en el día de ayer
del “repago sanitario, que no copago, porque la sanidad la pagamos todos los
ciudadanos ya a través de nuestros impuestos, va a ser muy negativo”.
“Esta imposición”, ha considerado, “no solo no va a resolver ningún problema sino que va a empeorar aún más la situación para la población de este país, en un momento donde hay una pérdida de renta generalizada, donde los pensionistas tienen muchos problemas con la escasa cuantía de sus pensiones, donde se sube la luz, donde se sube el butano, etc”.
En este sentido, ha afirmado que “por esta vía no se van a mejorar los ingresos del erario público ni se va a reducir el gasto sanitario, sino que se incrementarán las injusticias, las desigualdades y se le dará un golpe a la sanidad pública, quizá para abrir aún más el negocio a la sanidad privada”.
Para UGT, esta medida recaudatoria es profundamente injusta tanto para los trabajadores de este país como para los enfermos y se presenta con argumentos falaces, como su necesidad para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Así, se enmarca dentro del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, donde el Gobierno realiza una descripción apocalíptica del sistema que no se ajusta a la realidad para poder tramitarlo con urgencia. Pero, para el sindicato, no hay extraordinaria ni urgente necesidad para utilizar esta fórmula, por lo que podría constituir fundamento de inconstitucionalidad.
Por todo ello, UGT demanda la retirada inmediata del Real Decreto-Ley y la paralización de su desarrollo reglamentario, así como la apertura de un proceso de Diálogo Social que permita analizar y buscar soluciones a los retos del Sistema Nacional de Salud.
“Esta imposición”, ha considerado, “no solo no va a resolver ningún problema sino que va a empeorar aún más la situación para la población de este país, en un momento donde hay una pérdida de renta generalizada, donde los pensionistas tienen muchos problemas con la escasa cuantía de sus pensiones, donde se sube la luz, donde se sube el butano, etc”.
En este sentido, ha afirmado que “por esta vía no se van a mejorar los ingresos del erario público ni se va a reducir el gasto sanitario, sino que se incrementarán las injusticias, las desigualdades y se le dará un golpe a la sanidad pública, quizá para abrir aún más el negocio a la sanidad privada”.
Para UGT, esta medida recaudatoria es profundamente injusta tanto para los trabajadores de este país como para los enfermos y se presenta con argumentos falaces, como su necesidad para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Así, se enmarca dentro del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, donde el Gobierno realiza una descripción apocalíptica del sistema que no se ajusta a la realidad para poder tramitarlo con urgencia. Pero, para el sindicato, no hay extraordinaria ni urgente necesidad para utilizar esta fórmula, por lo que podría constituir fundamento de inconstitucionalidad.
Por todo ello, UGT demanda la retirada inmediata del Real Decreto-Ley y la paralización de su desarrollo reglamentario, así como la apertura de un proceso de Diálogo Social que permita analizar y buscar soluciones a los retos del Sistema Nacional de Salud.
