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Si el gobierno de Samarás aprueba esta medida pensando que
aumentará la productividad, esto será la guerra”, ha señalado un dirigente
sindical.
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El sindicato Adedy ha llamado a la movilización el próximo
9 de septiembre.
Los griegos salen a la calle para protestar contra las
últimas medidas de austeridad exigidas por la Troika, según publica este jueves el
diario Le Figaro.
La troika internacional que supervisa la economía griega ha pedido al gobierno de Atenas que
flexibilice las relaciones laborales con diversas medidas, entre ellas el aumento de la semana
laboral de cinco a seis días.
Los sindicatos no están dispuestos a ceder. “Si el gobierno
de Samarás aprueba esta medida pensando que aumentará la productividad, esto
será la guerra”, ha señalado el secretario general del sindicato Adedy, Illias
Iliopoulos, según cita el diario francés.
“Es un chantaje. Para no bajarnos el
salario nos van a hacer trabajar un día más, mientras el paro supera el 23%. No tenemos nada que
perder y lucharemos hasta el final”, amenaza el sindicalista.
Para ello Adedy llamado a la
movilización el próximo 9 de septiembre, día después de la esperada llegada de
los jefes de la misión de la Troika para negociar con el gobierno de Atenas y
supervisar el nuevo plan de ahorro valorado en 11.600 millones de euros.
La troika deberá dar el visto bueno a
los nuevos recortes presupuestarios para que los socios europeos accedan a
liberar un nuevo tramo, de31.000 millones de euros,
del rescate
financiero concedido a Grecia el pasado marzo.
Reducir el
descanso mínimo y la indemnización por despido son otras de las medidas
Además de aumentar la semana
laboral a seis días, la Troika ha pedido una reducción del descanso mínimo
entre turnos de trabajo a once horas y eliminar las restricciones a los
cambios de turno de mañana y de tarde, según las necesidades del empresario.
Igualmente, la troika ha exigido reducir a la mitad la
indemnización por despido y
el plazo del que dispone el empresario para notificar la rescisión del
contrato.
También pretende que disminuya la
contribución al Fondo de la Seguridad Social que pagan las empresas por cada
empleado, a pesar del empeoramiento de la recaudación del
Estado en este sentido.
