El Gobierno trata de atajar la economía sumergida que solamente en la provincia mueve 3.000 millones al año. En 2011 se sancionaron a 1.429 pymes y trabajadores de Castellón y las multas superaron los 5,2 millones
Las 150
personas detenidas la pasada semana en Castellón y acusadas de estafar tanto a la Seguridad Social
como al Instituto Nacional de Empleo mediante cobros irregulares de subsidios
no son las únicas que en los últimos meses han intentado, sin éxito, saltarse
los cauces legales y trabajar ‘en negro’ o percibir ayudas sin haber cotizado
antes. Hay muchas más. En concreto, y solo durante el año pasado, la Inspección provincial
de Trabajo descubrió a 1.429 empresas y empleados (un 12% más que en 2010) que
operaban al margen de la ley.
Las estadísticas demuestran
que la picaresca para salvar los escollos económicos se está convirtiendo en
una técnica bastante recurrida para muchos empresarios y trabajadores de
Castellón. Hasta tal punto llega la desesperación, que muchos aceptan trabajos
que no cumplen con las exigencias legales o que no les aseguran el alta en la Seguridad Social.
Y en este sentido, la
Inspección de Trabajo juega un papel clave en el destape de
este tipo de fraudes. Si en el año 2010 se contabilizaron infracciones por el
valor de 2,6 millones de euros, en el 2011 la cifra creció hasta los 5,2
millones. Y la tendencia sigue claramente al alza.
En cuanto a la cantidad de
infracciones descubiertas, en el 2010 fueron 1.262 de 15.389 actuaciones;
mientras que en 2011 se aplicaron 1.429 a un total de 16.745 intervenciones. Y
otro dato más: de 7.975 empresas investigadas, en 849 se descubrió un fraude a la Seguridad Social.
O dicho de otra manera, una de cada diez empresas y trabajadores investigados
defrauda.
800 TRABAJADORES SIN COTIZAR
// La mitad de las actividades sancionadoras se debe a fraudes contra la Seguridad Social ,
como altas ficticias, compatibilizaciones indebidas de prestaciones con el
trabajo por cuenta propia o ajena o incrementos injustificados de las bases de
cotización. En este aspecto, las multas ascendieron a casi 1,9 millones de
euros.
Esta medida de control
permitió, además, que 800 trabajadores hayan logrado un contrato indefinido
después de destapar una ausencia de contrato u otras ilegalidades. Otra gran
parte de las infracciones en acta, el 21,9%, fue motivada por la contratación
ilegal de ciudadanos extranjeros sin la preceptiva autorización o por trabajar
en condiciones abusivas, y por conductas de economía irregular. El resto de las
conductas que han llegado a ser sancionadas están relacionadas con la seguridad
y la salud laboral o con controles de jornadas laborales, descansos, salarios y
otros derechos del trabajador.
Para los sindicatos UGT y
CCOO los datos de Trabajo demuestran el peso que está adquiriendo la economía
sumergida en la provincia y reclaman medidas “más prácticas y eficaces y un
refuerzo de la Inspección
de Trabajo que conlleve un endurecimiento de las sanciones y más controles”.
MILLONES ‘EN NEGRO’ // A
pesar del incremento de las sanciones, en las estadísticas oficiales no están
todos los que son. Los técnicos de Hacienda calculan que uno de cada cuatro
euros que circulan por Castellón es negro, una proporción que ha ido engordando
con los años. Además, la economía sumergida (incluye al fraude fiscal y
laboral) mueve en Castellón 3.000 millones de euros al año (un 19% del PIB). H
Elperiodicomediterraneo
ELENA
AGUILAR
