EFE
Madrid, 29 jun (EFECOM).- El Gobierno ha anulado el tope máximo de la
cuantía de las sanciones por fraude laboral y a la seguridad social, que estaba
en 187.515 euros, y ha reforzado el trabajo de los inspectores para hacer
aflorar la economía sumergida.
Así consta en el anteproyecto de Ley ordinario que el Consejo de
Ministros ha aprobado remitir al Consejo Económico y Social y que se incluye
dentro del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social
para el periodo 2012-2013.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha
asegurado hoy que España necesita un cambio de mentalidad para erradicar
conductas ilegales como cobrar prestaciones indebidas o crear empresas
ficticias para cobrar subvenciones.
El anteproyecto eleva el rango de las sanciones y tipifica como
"infracción muy grave" cuando, por ejemplo, una empresa utiliza a
trabajadores afectados por ERE de suspensión de contrato o de reducción de
jornadas y les hace ir a trabajar.
Según Sáenz de Santamaría se ha detectado un fraude
"importante" en las empresas que han realizado ERE o despidos
colectivos, por lo que ha insistido en que se reforzará el control y la
vigilancia.
Al respecto, ha recordado que en los seis primeros meses del año se han
descubierto 40.000 empleos irregulares, 800 infracciones y cerca de 14.000
contrataciones falsas.
"Se ha visto que a 26 de junio había 4.500 trabajadores que
cobraban un salario y una prestación a la vez", ha incidido.
Los objetivos de la futura ley son hacer aflorar economía sumergida y
generar recursos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones
sociales.
También combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones
o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Las multas se incrementarán porcentualmente cuando las infracciones
afecten a más de un trabajador y se pagará un 20 % más en cada infracción
cuando se trate de dos trabajadores, un 30 % en cada infracción cuando se trate
de tres trabajadores y así sucesivamente.
No obstante, la norma contempla deducciones de hasta el 50 % si la multa
se paga en tiempo y forma y la cuantía de la misma supera la de la de sanción
inicial, con el fin de que al defraudador no le compense más pagar la sanción
que cumplir con sus obligaciones legales.
Se excluye del tipo de infracción grave el no ingreso de las cuotas
debidas cuando la empresa esté en declaración concursal o responda a un
supuesto de fuerza mayor, o haya solicitado aplazamiento para el pago de las
cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora.
El anteproyecto contempla un aumento en el número de inspectores de
trabajo hasta los 53 en 2012 y hasta los 60 subinspectores este año, que a su
vez colaborarán con los agentes de la Agencia Tributaria
y amplía el período de investigación por parte de la inspección de fraudes
complejos de 9 a
18 meses.
Asimismo, se amplia de uno a tres años tras la terminación del encargo,
la responsabilidad solidaria del empresario principal respecto a las
obligaciones con la Seguridad
Social contraídas por los contratistas y subcontratistas
durante el período de vigencia de la contrata.
El Ministerio de Empleo hará nuevas campañas de inspección en sectores
económicos donde puede haber bolsas de fraude y hará un seguimiento del empleo
aflorado.
También trabajará con protocolos de actuación conjuntos con el
Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del
Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con el
Colegio Nacional de Notariados y de Registradores.
"A partir de ahora será grave no cotizar por los salarios de
tramitación por vacaciones devengadas y no disfrutadas, o por tener a los
trabajadores declarados como a tiempo parcial y estén trabajando a jornada
completa", ha dicho, tras insistir en que "el que no paga
cotizaciones perjudica a los pensionistas y al conjunto de la sociedad".
El anteproyecto de Ley modifica, entre otras normas, el Estatuto de los
Trabajadores, la Ley
General de la Seguridad Social , la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y
Seguridad social y la Ley
de Infracciones y Sanciones de Orden Social.EFECOM
