MADRID, 1 Jul. (EUROPA
PRESS) -
"Denunciamos la
situación puesto que el Estado es el responsable de garantizar este derecho
humano, desde tres obligaciones concretas: la de respetar, la de proteger y la
de realizar el derecho a la alimentación dentro de sus fronteras",
explican las organizaciones firmantes, quienes argumentan que "el estado
español no está cumpliendo con sus obligaciones como garante de este
derecho".
Según afirman, han
constatado la puesta en marcha de "políticas que están vulnerando
sistemáticamente ese derecho humano" mientras que "no se están
poniendo en práctica las medidas políticas coordinadas y efectivas para
revertir esta situación, pues el Gobierno está siendo "altamente
eficaz" en la tarea de "salvar al sistema financiero" pero
"incapaz de articular medidas que aseguren que su población tiene las
necesidades básicas, como es la de la alimentación, cubiertas".
En este sentido, comunican
a la ONU que se
han recortado "entre un 30 y un 50%" las becas de comedor, se ha
suprimido la prestación por nacimiento o adopción de hijo, se ha "reducido
la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social
para menores de 3 años de 500 euros hasta 291" y "se han producido
reducciones en las ayudas monetarias a la infancia y sus familias en
prácticamente todas las Comunidades Autónomas".
Las organizaciones exponen
que además de un problema de subnutrición, en España se está incrementando la
malnutrición infantil por falta de recursos, que tiene su reflejo en el índice
de obesidad, que ya afecta al 25% de los niños, mientras que el 17% de los que
viven bajo el umbral de la pobreza están en esta situación. "Se trata de
una de las causas identificadas por las entidades que trabajan el tema",
explican al relator de la ONU.
No obstante, también
exponen la situación de los adultos, ya que, según apuntan citando datos del Instituto
Nacional de Estadística, una de cada cuatro personas mayores sufre
desnutrición, que se agudiza entre mayores de 80 años que viven solos.
"Existe un problema grave: una parte muy importante de la población no
puede comprar los alimentos mínimos y básicos para nutrirse", señalan.
El texto asegura que con
este panorama, el Gobierno español "se inhibe", porque "no ha
puesto en marcha ni una sola medida que revierta y
alivie esta realidad", mientras
"la mayoría de comunidades autónomas, con numerosas competencias en esta
materia, siguen recortando ayudas básicas que vulneran el derecho humano a la
alimentación" en lugar de articular entre todos "políticas
alimentarias que garanticen una dieta saludable y sostenible a precios
asequibles para todos".
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