MARIANO
CALLEJA/MONCHO VELOSO / MADRID
Día 06/07/2013 - 04.25h
Economía ha detectado 6.000 normas locales,
regionales y estatales contrarias a la nueva ley de unidad de mercado
La maquinaria
del Gobierno de Rajoy para sacar adelante su plan de
reformas sigue a pleno rendimiento. Si la semana pasada el Consejo
de Ministros aprobó siete proyectos de ley, ayer dio luz verde a dos
iniciativas troncales de esta legislatura: la ley de Unidad de Mercado y la
reforma integral del sistema tributario. El punto principal de la primera es la licencia única y la legislación
de origen: cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier
normativa autonómica podrá ser ofertado en cualquier punto del territorio
español sin necesidad de modificación o trámite adicional.
La licencia
única pondrá fin a una de las principales trabas que encontraban las empresas
que querían operar en España, al chocar con 17 regulaciones
diferentes, una por cada comunidad autónoma. Cuando se apruebe la
ley en el Parlamento, las empresas tendrán que pedir una sola licencia de
actividad, en una comunidad, y a partir de ahí podrán comercializar sus
productos en toda España sin más exigencias, ajustándose únicamente a la
normativa de su comunidad de origen. Únicamente podrán imponer determinadas
condiciones a las empresas de servicios y siempre que estén objetivamente
justificadas por motivos de orden público, seguridad o salud pública.
Según la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «es una de las
reformas más importantes, demandada por todos los operadores nacionales y
extranjeros, y tiene como objetivo mejorar la competitividad de la economía
española y aclarar el caos de la maraña administrativa existente en España». El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó
que se han detectado 6.000 normas contrarias a la unidad de mercado en 28
sectores, entre todas las administraciones públicas, tanto ayuntamientos y
comunidades como en el Estado. La norma se ha remitido al Congreso y se tramitará por la vía urgente.
Con la nueva ley se prohíbe la exigencia de requisitos basados
directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador. Por ejemplo,
una autonomía o un ayuntamiento no podrá condicionar la participación de una
empresa en un concurso público a que esta tenga su sede en esa región o
municipio.
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