01-07-2013 07:33
La nueva
Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales que prepara
el Gobierno quiere dar una vuelta de tuerca más al control del gasto en las
bajas laborales.
El gasto innecesario que suponen las ineficiencias de control de
las bajas laborales no debería tolerarse en ningún escenario económico, pero
menos que en ninguno en el de un país embarcado en una carrera de reducción del
déficit público que ha obligado a los españoles a asumir dolorosos y graves
sacrificios. Desde el inicio de la crisis, el absentismo laboral ha disminuido
de forma evidente en España, lo que apunta a que estamos ante un problema cuya
magnitud, en muchas ocasiones ,tiene más que ver con la ausencia de control y
la falta de disciplina personal y profesional que con la salud.
La lucha contra las bajas laborales abusivas o no
suficientemente justificadas constituye uno de los grandes frentes que es
necesario abordar en la batalla por recuperar la competitividad de la economía
española. Una batalla en la que los facultativos de las mutuas y los de la
sanidad pública deben trabajar mano a mano, sin falsos corporativismos ni
absurdas competencias.
La gran tarea en este campo no solo es obligar a la sanidad
pública a examinar convenientemente las propuestas de alta realizadas por las
mutuas, sino hacer entender de forma clara a los profesionales médicos que el
coste de las bajas laborales innecesarias lo soporta todo el sistema y supone
un lastre para los bolsillos de todos los españoles. La carga de trabajo que
pesa sobre los facultativos del sistema público de salud es sobradamente
conocida y puede, en parte, explicar también el problema. Por ello, la ofensiva
del Gobierno haría bien en simplificar y aligerar en lo posible la tramitación
burocrática de estas y otras obligaciones de los médicos. Se trata de un
problema de todos y la solución debe ser compartida por todos.
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