La era tecnológica también trae desagradables
consecuencias. Y es que casi tres cuartas partes de los electrodomésticos
desechados en España se procesan al margen de los Sistemas Integrados de
Gestión (SIG). Así lo revela un estudio de investigadores de la Universidad de
Salamanca que publica el 'Journal of cleaner production'.
Según la directiva europea sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los fabricantes de estos
aparatos deben reciclar los residuos que genera su actividad, hasta alcanzar
una cuota de 4 kg
por habitante y año. Sin embargo, en España la mayoría de los aparatos fuera de
uso son
gestionados mediante sistemas no autorizados. Según el estudio,
los fabricantes no están dentro del sistema y se evaden de pagar.
"Se estima que solo están
registrados 1.000 productores de
unos 10.000 existentes en España. Esto implicaría una evasión
de, por lo menos, 15 millones de euros", dice a SINC Dolores Queiruga,
actual investigadora del departamento de Economía y Empresa de la Universidad
de la Rioja.
En 2010, los españoles generaron 652
millones de kilogramos, es decir, 13,86
kg por persona, de los que únicamente 2,55 kg se recogieron y
procesaron correctamente a
través de los 'sistemas integrados de gestión' (SIG). Este es el método
colectivo que los fabricantes pueden utilizar para gestionar los residuos,
además de poder hacerlo a título individual.
En España existen actualmente siete
SIG, un conjunto de fundaciones que reúnen a empresas del sector de la
electrónica: ECOLEC, ECOTIC, ECOLUM, AMBILAMP, ECO-RAEEs, ECOASIMELEC y
ECOFIMATICA.
En el caso de los grandes
electrodomésticos, por ejemplo, se estima que más del 70% de congeladores y
frigoríficos, y el mismo porcentaje de televisores y de monitores, se
recogieron y se trataron de forma incontrolada aprovechando que la legislación no lo prohíbe.
"El problema es que muchos fabricantes no están incluidos en el registro
oficial del Ministerio de Industria para gestionar los residuos electrónicos y
esto dificulta su control", dice Queiruga.
La investigación revela que el
sistema de gestión de residuos español posee algunos puntos débiles. Según el
estudio, los productores registrados que cumplen el marco legal se ven
perjudicados económicamente respecto a los fabricantes que no se hacen cargo
del gasto del reciclaje. Los autores también denuncian el retraso en el
desarrollo de políticas públicas por parte de algunas Comunidades Autónomas.
Alargar la vida útil o la
reutilización como soluciones
Cuando la Unión Europea redactó el
primer borrador de la directiva, España fue capaz de reunir a los agentes
interesados para que cerraran acuerdos colectivos sobre el reciclaje de los residuos
electrónicos. Sin embargo, hubo diferencias entre las comunidades autónomas
para sacar adelante proyectos piloto. Los precursores fueron Cataluña y el País
Vasco.
"Con los primeros borradores de
la Directiva Europea, los productores se dieron cuenta de que tenían que responsabilizarse de los residuos de sus productos y todos los agentes económicos
comenzaron a plantearse cuál podía ser la forma más adecuada de
gestionarlos", dice a SINC Queiruga.
Según Queiruga, "las cuotas de
reciclaje tampoco reducen la cantidad de aparatos que se desechan". Sobre
las posibilidades para reducir el número de aparatos que se desechan cada año,
la experta considera que es importante alargar la vida útil del producto mediante la reparación de
aparatos y la concienciación de los ciudadanos. La experta también destaca la
importancia de su reutilización para que tarden más tiempo en
convertirse en residuo.
A pesar de todo, la investigación
señala que el sistema de gestión de residuos de España podría servir de ejemplo
para otros países que comienzan ahora. El trabajo concluye que la experiencia española puede ser un referente para
países como Reino Unido, Estados Unidos y China, donde la
mayoría de los residuos se devuelven al productor, o se gestionan a través de
programas de voluntariado y otros canales informales.
SINC | Madrid. http://www.elmundo.es
