Madrid, 3 sep (EFE).- UGT estudia posibles vías de defensa para sacar a los
profesionales de la Sanidad
pública de la "situación de indefensión jurídica" en la que se
encuentran si deciden, por motivos de conciencia, seguir atendiendo a los
inmigrantes irregulares a quienes el sábado se les retiró la tarjeta sanitaria.
"El
profesional se encuentra con una situación esquizofrénica, pues entran en
contradicción su código deontológico, por el que debe prestar ayuda, y la norma
legal recién aprobada", ha señalado hoy Pilar Navarro, secretaria de
Salud, Sociosanitario y Dependencia de la FSP-UGT .
El sindicato ha
reiterado su posición contraria a esta ley y ha denunciado que los convenios
especiales de prestación por asistencia sanitaria a extranjeros en situación
administrativa irregular, suponen "una violación de un derecho básico y
una dejación de funciones por parte de las administraciones, que ponen en
riesgo la salud de las personas y de la salud pública general".
Considera que
estos convenios son un claro ejemplo del "afán recaudatorio" del
Gobierno, que "condenarán a la total desatención a miles de personas"
y recuerda que el derecho a la protección de la salud, individual y colectiva,
es un "mandato constitucional".
Esto obliga a
los poderes públicos a tutelar y organizar el ejercicio de ese derecho mediante
las prestaciones y los servicios necesarios, también para los extranjeros,
según la plataforma.
