Hacienda asegura que el
tajo estatal de 1.200 millones obliga a "revisar todas las partidas".
Montero estudia dejar a los funcionarios sin extra y espera "que se pierda
el menor empleo posible"
REDACCION 02/10/2013
“A
Andalucía no le queda más grasa para seguir adelgazando". "Ya no
sobran cosas superfluas". "Todas las partidas (del Presupuesto) están
sujetas a revisión". "No podemos estar tranquilos, porque las cifras
(del Estado) son alarmantes". La
Junta no avanzó ayer cómo será el Presupuesto autonómico del
2014, pero fue preparando el estómago a los andaluces sobre lo que se nos viene
encima. Según los cálculos de la
Consejería de Hacienda, los Presupuestos Generales para el
2014 van a retirarle a Andalucía 1.200 millones: el límite del déficit del 1%
obliga a ahorrar 800 millones, y los otros 400 salen de la reducción en las
transferencias de financiación del Estado a la comunidad.
Este dinero que se esfuma es con el que la Junta gestiona, en gran
parte, la sanidad, la educación pública y las políticas sociales. Ahora, para
mantener los pilares del Estado de Bienestar, el Gobierno andaluz tiene que
buscar esos 1.200 millones en otra parte. Dado que la capacidad de Andalucía
para lograr ingresos por la vía tributaria es mínima, y que la Junta no se plantea aumentar
la carga fiscal ni crear nuevos impuestos, la única fórmula es reducir más el
gasto, o sea, quitar de un sitio del Presupuesto para ponerlo en otro
El problema es que el ahorro en gasto público es un cuchillo sin
dientes, los recortes del Gobierno central y del autonómico durante los últimos
tres años lo han desgastado. "No queda grasa para seguir
adelgazando", dijo ayer la nueva consejera de Hacienda, María Jesús
Montero, así que para salvar los servicios públicos el recorte que se avecina
tendrá que tocar la fibra sensible de la Administración : la
plantilla y las nóminas.
Ante el desplome de la financiación del Estado para Andalucía,
la responsable de dibujar el Presupuesto regional del 2014 admitió que ya no
descarta cruzar algunas líneas rojas, como minorar el salario de los empleados
públicos, volver a dejarles sin la paga extra de Navidad o reducir empleos en la Administración. Ninguna
de estas opciones está tomada aún, pero las cifras del Estado son tan "alarmantes",
que Montero no quiso retirar ninguna posibilidad. Los 200.000 empleados
públicos andaluces ya saben que sus sueldos seguirán congelados en el 2014.
"El Gobierno andaluz se plantea todo. Cuando uno tiene que
hacer un Presupuesto teniendo en cuenta todo el gasto que hay que desmontar,
revisa todas las partidas. Hay que quitar del gasto, por el camino más corto,
1.200 millones, así que todos los capítulos del Presupuesto están sujetos a
revisión. Dígame si no de dónde desmontamos este importe", zanjó Montero.
El reto de las cuentas andaluzas es el mismo que el del año
pasado, pero más difícil todavía porque ya existe un brutal ajuste en los
servicios públicos que no se va a recuperar. La Junta se compromete a
"que no disminuyan las prestaciones, que no se cierren escuelas ni centros
de salud y que no privaticemos". "Estas serán las premisas del
Presupuesto", dijo la consejera, "y que se pierda lo menor posible de
empleo público", sentenció.
EMPLEO PERDIDO En esta última frase hay una concesión que hace
un año no existía, porque en el último año Andalucía perdió más de 16.000
empleados públicos, según datos del Ministerio de Hacienda, la mayoría en
sanidad y educación. Este recorte de plantilla se debe a las medidas de ahorro
que adoptó el Gobierno hace dos años, y al límite de la tasa de reposición del
10%, que impide a las comunidades sustituir a nueve de cada diez profesores y
sanitarios jubilados. La medida, que atenaza la contratación pública, vuelve a
estar en vigor en el 2014.
Montero sí confirmó algo: la inversión pública casi se
extinguirá del futuro presupuesto, será el capítulo más dañado, como en los dos
últimos años. En este ejercicio, la partida de infraestructuras cayó un 20%
respecto al año anterior, quedando en niveles esqueléticos (3.814,1 millones).
Desde que comenzó la crisis, la obra pública se ha desplomado más de un 60%.
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