La mayoría de los franceses apoyan
la política de expulsines consumadas recientemente por el ministro de Interior,
Manuel Valls
Con nueve años
de retraso, el Tribunal
Europeo de los Derechos del Hombre de Estrasburgo ha condenado a Francia por el proyecto
de desmantelamiento de un campamento de franceses nómadas, mayoritariamente
gitanos, en Herblay (Val d'Oise), en 2004, siendo presidente Jacques Chirac. El
Tribunal justifica su condena al Estado francés alegando que los nómadas
residentes en «caravanas», en las afueras de la ciudad, no recibieron una
propuesta «aceptable» de realojo. Apoyados por varias asociaciones, los gitanos
y nómadas franceses han seguido viviendo en las mismas caravanas que la Justicia y el Estado se
proponían desmantelar, a la espera de la sentencia
del Tribunal europeo, finalmente favorable a los nómadas y gitanos.
La sentencia
del Tribunal europeo cae en un momento de tensión y confusión ante las
políticas de desmantelamiento de
campamentos y expulsiones de extranjeros en situación irregular del presidente Hollande y su ministro
del Interior, Manuel
Valls. Siguiendo la «doctrina» Sarkozy en la materia, el
Ministerio francés no ordena la expulsión de ningún residente extranjero antes
de agotarse todos los recursos legales. Cuando se agotan los recursos legales,
el Ministerio del Interior ordena a la Prefectura la ejecución de las expulsiones de los
ciudadanos y familias en situación irregular o ilegal, precedida del
desmantelamiento de campamentos.
Apoyo mayoritario
La política
de Hollande y Valls suscita muchas reservas a la izquierda política, aunque es apoyada por una mayoría del
PS y todas las derechas. Según un sondeo de Le Figaro, el 80 % de sus lectores
apoyan las expulsiones consumadas recientemente por Valls. La sentencia del
Tribunal europeo es la primera de un largo rosario de casos que datan de años atrás.
Durante la presidencia de Nicolas Sarkozy (2007 – 2012) las expulsiones de
gitanos e inmigrantes en situación irregular suscitaron muchos debates
nacionales y europeos.
Durante el
primer año y medio de la presidencia de François Hollande, Manuel Valls ha
suavizado ligeramente las políticas de desmantelamiento de campamentos y expulsiones de extranjeros en
situación irregular, agotando todos los procedimientos jurídicos, antes de
ordenar la ejecución de las decisiones judiciales francesas. A seis meses de
las próximas elecciones municipales, la sentencia del Tribunal europeo corre el
riesgo de atizar nuevos fuegos pasionales sobre un problema inflamable y
dramático.
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