jueves, 31 de octubre de 2013

ALCOY.- UGT VUELVE A EXIGIR A TRABAJO EL CIERRE DEL PALACIO DE JUSTICIA.

La central recuerda que el 31 de mayo acabó el plazo para adecuarlo sin que haya habido iniciativa alguna

El sindicato UGT, a través de Juan Pedro Pelegrín, responsable de seguridad y salud de la FSP de la central, volvió a reclamar ayer el cierre del Palacio de Justicia de Alcoy, ante las deficiencias de seguridad que presenta. La iniciativa se formalizó ante la Inspección de Trabajo, órgano de la administración que, precisamente, emitió a principios de año un informe que exigía la reparación o cierre de la dependencia, lo que no se ha cumplido.
En enero, a raíz de una denuncia de UGT, Trabajo emitió un demoledor informe en el que daba a la Conselleria de Justicia hasta el 31 de mayo para arreglar o trasladar los juzgados de Alcoy, al incumplirse de forma importante los niveles mínimos de seguridad. Transcurrido el plazo no se ejecutó ni lo uno ni lo otro, por lo que en julio UGT instó el cierre, una iniciativa que no ha tenido consecuencias.
«Como Trabajo no nos ha contestado -resaltó Pelegrín- se lo hemos vuelto a reclamar, en un escrito que hemos entregado esta mañana [por ayer] al jefe de la inspección de Trabajo en Alicante. Lo justificamos en que debe efectuarse el cierre antes de tener que lamentar desgracias personales. No es que el edificio corra peligro de hundirse, pero si hubiera un incendio, la Fiscalía y el Juzgado número 2 serían una ratonera».
Hay que recordar que, la pasada semana, el conseller Serafín Castellano anunciaba la inversión de un millón de euros en el edificio -en principio, a lo largo del próximo año-, a fin de rehabilitarlo y unificar los cuatro juzgados (hay uno en un local alquilado a unos 500 metros de la plaza Al-Azraq).
En cuanto al traslado, el Ayuntamiento descartó la oferta de Castellano de una permuta del nuevo edificio a cambio de la cesión del antiguo, sin compensación económica, al considerar que perjudicaba sus intereses.
Ante esto, UGT considera que las intervenciones en seguridad deberían haberse materializado antes del 31 de mayo, por lo que reclama a Trabajo que cumpla con sus propias decisiones.

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