El TSJ entiende
que se «vulneró la libertad sindical»
El fiscal
ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que anule las órdenes de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha por las que se suprimieron 700 plazas de
interino al entender que se
vulneró la libertad sindical.
El fiscal, en un escrito fechado el 3 de abril y que ha
difundido el sindicato STAS, propone a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal que estime los recursos presentados por este sindicato y por UGT y
anule la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal funcionario,
escala superior de sanitarios locales en las especialidades de Farmacia y
Veterinaria.
El fiscal
considera que la Junta
vulneró el derecho a la libertad sindical, en concreto a la negociación
colectiva, en las conversaciones previas a la publicación de esas órdenes, el
20 de agosto de 2012.
En su escrito, reproduce parte de las actas de la
reunión de la mesa sectorial mantenida el mismo 20 de agosto entre las 13.00 y
las 15.00 horas y entre las 16.30 y 23.00 horas, en la que los representantes
sindicales se quejaban del «atropello» que suponía que se les retirase la
palabra y que se impusiera el paso de una Consejería a otra sin que se hubiese
terminado el debate sobre la anterior.
El fiscal
subraya que, para una decisión de «extraordinaria relevancia», como es la
supresión de 700 plazas de funcionario, la Junta provocara«unilateralmente» el cierre de
la negociación tras una sola reunión de la Mesa.
Añade que la
ausencia de toda formalidad posterior para resolver el conflicto y la inmediata
publicación y entrada en vigor de las modificaciones de las relaciones de
puestos de trabajo constituyen elementos valorativos suficientes para apreciar
una «conducta antisindial».
En concreto, los denunciantes señalan al director
general de la Función
Pública , Juan Manuel de la Fuente , cuyo cese ha pedido hoy el STAS en un
comunicado remitido a los medios de comunicación.
El sindicato sostiene que la Junta no puede verse
representada por un director general al que el fiscal acusa de incurrir en
«comportamiento antijurídico» y en un «menoscabo real al derecho a la actividad
sindical».
Por ello, ha pedido al consejero de Presidencia y
Administraciones Públicas que lo cese o, en su defecto, que dimita él.
